El inicio de la campaña de verano está siendo, de momento, tranquilo para el Infoca en Granada. Las lluvias registradas en primavera, unidas al retraso del verano parecen estar detrás de un cambio de ciclo que mantiene el presente ejercicio como el cuarto con menos actuaciones de la última década. El plan contra incendios, sin embargo, permanece en alerta por riesgo extremo, especialmente después de los episodios de El Pinar, Atarfe e Iznalloz de estos días pasados. Las altas temperaturas y la gran cantidad de broza acumulada en los montes pueden hacer que la chispa prenda en cualquier momento. La población y las administraciones tienen bien presente la amenaza. De lo que se habla menos es del complejo juego de responsabilidades que interviene en un fuego, a pesar de las importantes repercusiones que tiene sobre el terreno y la vida de las personas.

La depuración de culpas comienza cuando los equipos de extinción abandonan la zona afectada. Es en ese momento cuando se inicia una investigación que buscará el lugar exacto donde prendieron las primeras llamas. Según confirma el fiscal de Medio Ambiente, Guillermo de Ávila, "a menudo se recurre a métodos científicos y policiales para reconstruir los hechos. Se busca toda clase de vestigios como colillas o encendedores. Existen además ficheros de personas con antecedentes por estar involucradas en este tipo de hechos".

Las pruebas, pocas veces, conducen a causas fortuitas como la caída de un rayo. La gran mayoría de incendios tiene como origen una actividad o un comportamiento humano. En caso de que se determine que el fuego ha sido intencionado, el autor podría enfrentarse a penas que van de 10 a 20 años de cárcel. Los comportamientos negligentes también están castigados penalmente dependiendo del peligro producido para la vida de las personas. "Aunque se haya logrado evacuar a todo el mundo y no nos tengamos que ir al incendio homicida, el autor probablemente tenga que entrar en prisión y pagar además una multa considerable", matiza Guillermo de Ávila.

Al margen de si ha existido o no intencionalidad, el condenado siempre deberá abonar los daños materiales y morales que haya provocado. Antonio José García Cabrera, abogado experto en responsabilidad civil con despacho en Granada, asegura que "no solo estamos hablando de la pérdidas personales, en las cosechas o en las edificaciones sino también de las ganancias que se dejan de obtener. Todos estos conceptos una vez que se prueben ante un tribunal son indemnizables".

Las estadísticas reflejan una gran dificultad a la hora de demostrar la autoría de un incendio. Además, cuando se consigue condenar a un culpable, su patrimonio suele ser insuficiente para cubrir todos los destrozos. Llegado a ese punto, como ocurre en los casos fortuitos, entran en escena los seguros privados y las subvenciones. Según García Cabrera, hay que tener presente que "el que no tenga asegurada su propiedad solo podrá acogerse a las indemnizaciones propias de la declaración de zona catastrófica. Es decir, a unas reparaciones que no llegan nunca a cubrir el daño total".

Cuando se produce un incendio forestal de gran envergadura suelen surgir teorías que apuntan a las famosas recalificaciones. Las sospechas se disparan si hablamos de zonas cercanas a núcleos de población. Lo cierto es que, como norma general, la ley actual prohíbe el cambio de uso de los terrenos quemados en 30 años y es complicado iniciar el proceso.

Para la catedrática de Geografía Cristina Montiel, las causas van mucho más allá de intereses o conductas puntuales. Afirma que "estamos ante unos territorios donde no se han planteado unos esquemas de actuación previa adaptados a las necesidades actuales". A la falta de prevención, asegura, se suma el cambio climático y la deriva de unos incendios cada vez mayores. Montiel está segura de que la solución pasa por una mejor gestión de los bosques: "se trata de trabajar con las poblaciones locales, de informar y articular a unas comunidades que son muy diferentes a las de los años sesenta". Unas medidas, remarca, en las que será fundamental siempre la implicación de todos los ciudadanos.