La juez aplaza la declaración de la delegada de Medio Ambiente sobre los vertidos

El Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que investiga el caso de los vertidos de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión provincial de Granada, situada en Albolote, a una finca cercana, ha acordado aplazar hasta el día 29 la declaración de una de las imputadas, la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria, a petición de ella misma.

Según una providencia, de fecha 11 de junio Oria, que tenía que comparecer ante el magistrado Miguel Ángel del Arco el próximo día 26, le pidió un aplazamiento por coincidir su declaración con un acto oficial en Málaga al que tenía que acudir por su condición de delegada.

El juez ha aceptado su petición y ha señalado su declaración para el próximo día 29, a las 10:00 horas, y cuatro días antes declarará la actual delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, también imputada.

Además, recientemente el Juzgado ha elevado exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que abra diligencias contra el parlamentario andaluz del PSOE y ex delegado de Medio Ambiente Francisco Javier Aragón por su presunta implicación en el caso. La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ya ha recibido la petición del juez y ha dado traslado del asunto a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto.

El aforamiento de Aragón le impide al juez de instrucción tomarle declaración, como solicitó el pasado 8 de abril la acusación popular, por lo que el magistrado Miguel Ángel del Arco ha tenido que elevar una petición al alto tribunal andaluz, en un caso en el que también están imputadas la actual delegada del Gobierno de la Junta en Granada, Sandra García, y de la delegada de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Inmaculada Oria.

El caso, en el que están también imputados, entre otros, responsables de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el administrador del centro penitenciario, cargos de Instituciones Penitenciarias y varios técnicos encargados del mantenimiento de la depuradora, fue denunciado por una particular en marzo de 2010, que señalaba que desde 1997, cuando se construyó la prisión, se han causado "graves y reiterados daños" en una finca de su propiedad, concretamente el Cortijo Las Torres, donde se encuentra el cauce del arroyo El Juncal.