La proliferación de la tecnología y el uso indebido que se pueda hacer de ella han provocado que los ciudadanos y las empresas tengan cada vez más conocimiento sobre cuáles son sus derechos respecto a la protección de datos y eso se traduce en el número de denuncias presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos, un ente público independiente que vela por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. En el caso de Granada, el año pasado se formularon 165 denuncias por posibles vulneraciones, más del triple de las existentes en 2010, año en que se registraron 48 denuncias, según figura en las últimas memorias de este organismo.

El volumen de denuncias y reclamaciones es similar al de 2012, año en que hubo 145 procedentes de la provincia, y bastante más elevado que el de años anteriores, lo que implica, según la Agencia, que "los ciudadanos y organizaciones son cada vez más conscientes de las garantías que pueden exigir o deben cumplir, respectivamente, en cuanto a protección de datos".

En cuanto a la distribución geográfica de los procedimientos de tutela de derechos en 2013, de los 273 procesos iniciados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 36 de ellos se localizaron en Granada.

No obstante, el ciudadano no siempre tiene razón. De hecho, el número de sanciones y apercibimientos que realiza la Agencia es escaso respecto al número de denuncias. El año pasado hubo solamente 6 imputados en los expedientes de sanción o apercibimiento resueltos.

La denuncia se presenta ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuya sede central está en Madrid, y sus técnicos la valoran. Si se observa que se ha producido una infracción pero es la primera vez y no resulta de gran importancia se realiza solo un apercibimiento al infractor, es decir, un aviso sin multa. La sanción va más allá, se tipifica de leve a muy grave y la multa va desde los 900 hasta los 600.000 euros. Según la ley, se consideran hechos muy graves la recogida de datos en forma engañosa o fraudulenta, o no cesar en el tratamiento ilícito de datos de carácter personal cuando existiese un previo requerimiento del Director de la Agencia Española de Protección de Datos para ello, entre otros.

En el conjunto nacional el año pasado se registraron 10.604 denuncias y reclamaciones. Las telecomunicaciones, las empresas de suministro de agua y energía, y las entidades financieras acumularon el mayor número de sanciones. En 2013, la Agencia impuso sanciones por 22,3 millones de euros y, de ellos, 15 millones fueron para compañías de telecomunicaciones. En el caso de los apercibimientos, la inmensa mayoría fueron por aspectos relacionados con la videovigilancia (poner cámaras de seguridad en el exterior de viviendas sin permiso de la comunidad, etcétera). En este ámbito, a nivel nacional, se resolvieron 131 procedimientos de apercibimiento en el sector privado.

La Memoria correspondiente a 2013 destaca que se ha producido un importante incremento también de resoluciones sancionadoras respecto de las comunicaciones comerciales electrónicas (51,28%) y otros servicios de internet (12,8%). Algunos de los casos de denuncias relacionadas con el tratamiento de datos en la red tuvieron que ver con la publicación de sentencias sin eliminar los datos personales, la suplantación de identidad o imágenes de menores.

Las Administraciones Públicas también cometen infracciones en protección de datos, aunque a una escala mucho menor. El año pasado no se resolvió expediente alguno al respecto en la provincia de Granada, frente a los 3 de Málaga ó los 5 de Sevilla. En Cádiz y Huelva hubo sólo uno.

Una de las cosas que exige la ley es que se registren los datos personales a los que se tiene acceso. En Granada fueron inscritos el año pasado 9.233 ficheros por parte de casi 3.700 empresas y particulares privados.