Las denuncias por malos tratos obligan a retirar en un año setenta armas de fuego

La experiencia lo demuestra machaconamente prácticamente día a día. Para acabar con la vida de una persona no es necesario tener un arma que dispare en casa. De hecho, en las dos últimas muertes por violencia de género contabilizadas en Granada las armas homicidas no fueron de fuego precisamente. En el primero, en el que un ciudadano chino acabó presuntamente con la vida de su pareja el pasado 13 de enero, al parecer abriéndole la cabeza con una losa de mármol. El segundo caso, mucho más reciente, del pasado 21 de marzo, el autor confeso, un policía nacional jubilado, acabó con la vida de su mujer con un cuchillo.

Sin embargo, a nadie se le escapa que un arma de fuego también puede ser empleada por un maltratador o maltratadora contra su pareja y acabar con su vida de forma violenta y con suma facilidad, o que puede ser un elemento que se emplee en las amenazas.

Precisamente para prevenir que se den este tipo de hechos, desde 2004 la norma estipula -ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral- que se revoque la licencia de armas a quienes hayan sido denunciados por sus parejas por malos tratos. Sólo es necesario presentar una denuncia, sin que sea necesario que se dicte sentencia, para que se prohiba tanto la tenencia como el uso de armas de fuego al denunciado.

En este caso se encuentran cada mes un promedio de cinco granadinos, según los datos aportados por la propia Intervención de Armas de la Guardia Civil, encargada de hacer cumplir estas revocaciones. Según los datos aportados por la Benemérita, a mediados del mes de marzo ya se habían revocado quince licencias.

Las denuncias por violencia de género no son, desde luego, la única causa que puede motivar la retirada del permiso administrativo para tener armas en casa, pero suponen un importante porcentaje en el total. Así, en 2009 se revocaron 411 licencias, mientras que en 2010 fueron 524, según los datos recopilados por la Guardia Civil. De estos totales, el 13,9% en 2009 (57 expedientes) y el 13,1% en 2010 (69 expedientes) se debieron a casos de malos tratos.

A pesar de que es muy difícil valorar si esta medida puede ayudar o no a que haya menos casos de violencia de género, la secretaria provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Olga Manzano, tiene claro que estas revocaciones son "adecuadas", ya que "la seguridad de la mujer es lo primero que tenemos que valorar". Sin embargo, Manzano también asume que, aunque necesaria, esta norma es claramente insuficiente, ya que "cualquier cosa puede utilizarse como arma" homicida.

En España, al contrario de lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, la posesión de armas -y por lo tanto su uso- no es un derecho, sino una autorización administrativa que, como tal, puede ser revocada o denegada.