Un mes después de que Juana Rivas retara a la justicia al incumplir la orden de entregarle a sus dos hijos a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, el desafío de esta mujer maltratada sigue pendiente del ultimátum dado por la juez que la investiga penalmente para que devuelva a los menores mañana lunes.

El pasado 26 julio esta vecina de Maracena estaba citada para entregar a sus hijos pero no se presentó en el Punto de Encuentro Familiar de Granada que un juzgado encargado de asuntos de familia, el de Primera Instancia 3, había fijado como lugar de entrega de los menores al padre, quien días después denunció a la madre por "secuestro" y pidió que fuera detenida.

Transcurrido un mes desde entonces, los hijos de Rivas y Arcuri siguen en paradero desconocido, a pesar de que ella ha manifestado en sus últimas declaraciones a la prensa, cuando el pasado martes quedó en libertad provisional tras ser detenida y declarar en el juzgado de guardia, que han estado bien cuidados todo este tiempo.

Desde que Juana regresó en 2016 con sus hijos desde Italia a España y denunció luego a su expareja por maltrato, su lucha personal para proteger y quedarse con los niños mantiene abiertos frentes en varios juzgados por la vía civil y penal, y ha llegado a la Audiencia de Granada, al Tribunal Supremo y al Constitucional.

Durante este mes de autos, recursos y diligencias, la Fiscalía ha recordado que Italia es el país competente para dictaminar el futuro de los dos menores y ha apuntado que el lugar en el que esta madre debía batallar era en la justicia italiana, y no en las ya agotadas vías españolas.

La lucha de Rivas, que permaneció en paradero desconocido como ahora lo están sus hijos, ha afectado además a su entorno directo, a su familia y personal del Centro de la Mujer que la ha asistido hasta ahora y que tendrán que declarar la próxima semana en calidad de investigados.

Lo harán después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que lleva la causa penal contra Rivas por delitos de sustracción de menores y desobediencia a la justicia, haya citado a la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, a la psicóloga del mismo centro, Teresa Sanz, y a sus familiares hasta el segundo grado de consanguineidad.

Juana Rivas contó este mes, en una carta remitida a los medios, que estaba viviendo una "pesadilla de terror" y apuntó que no sentía estar haciendo "nada malo" al no poder calificarse a su juicio como "rapto" que una mujer huya "del horror para proteger a sus hijos". Relató entonces el maltrato al que supuestamente la sometió su expareja y padre de los dos menores, Francesco Arcuri, que ha pedido de manera reiterada que se restablezca la ley para reencontrarse con sus hijos.

Arcuri ha defendido desde que este caso trascendió el ámbito de lo privado que no busca ningún tipo de revancha contra su expareja pese a las calumnias que considera se han vertido sobre él, y ha negado en todo momento ser un "maltratador machista".

Mañana lunes, un mes después, Juana Rivas tendrá que decidir si mantiene su pulso judicial o entrega a los niños con el padre.