La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con la Comandancia de la Guardia Civil en Granada, ha detenido en Granada a una mujer de 39 años en el marco de la llamada Operación Enredadera, una nueva fase de la Operación Madeja, desplegada a raíz de que los investigadores del Instituto Armado descubriesen que la empresa Fitonovo había creado una "red de contactos con funcionarios corruptos" que les facilitaban la obtención de contratos públicos de forma irregular. Según han informado fuentes de la investigación, la mujer fue precisamente empleada de dicha empresa.

La Benemérita ha arrestado al menos a 30 personas. Entre los arrestados en Sevilla figuran el jefe del servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla, Carlos Podio; el asesor jurídico de Fitonovo, Carlos Gamito; y el vocal de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento de la capital hispalense, Antonio Miguel Ruiz Carmona. También hay tres arrestados en la Delegación Territorial de Fomento de Huelva de la Junta de Andalucía; tres personas en Jaén -un teniente de alcalde de La Carolina, un jefe de servicio de la Diputación y un técnico del Ministerio de Fomento-; cinco personas en Córdoba, tres empresarios y dos técnicos de Adif; un jefe de sección de la Consejería de Fomento de Extremadura; en Canarias, el portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín, y otro representante de la empresa Fitonovo en Gran Canaria, del que no se ha hecho pública su identidad; y, en Zaragoza, un trabajador de Adif, y otro, ya jubilado.

Esta redada es la tercera fase de la llamada operación Madeja, una investigación iniciada en Sevilla sobre las relaciones societarias entre empresas que en su día optaron al concurso público para la adquisición de un derecho de opción de compra de terrenos de Mercasevilla, donde según la Guardia Civil quedó "evidenciado un importante incremento patrimonial no justificado" del que fuera hasta el 2007 Director del Área de Vía Pública de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Enrique Castaño.

Del informe patrimonial realizado sobre Castaño y su mujer, la abogada Ana María Vaquero, la Guardia Civil dedujo que había recibido de la sociedad Fitonovo, contratista habitual de numerosas administraciones públicas, "múltiples dádivas o regalos de distinta naturaleza (dinero, vehículos, etc.), lo que provocó en julio y diciembre de 2013 la apertura de nuevas investigaciones, registros y detenciones, entre otros, de responsables de la empresa Fitonovo", recuerda el instituto Armado en un comunicado.

Del análisis de la información incautada en las entradas y registros y de la actividad operativa de los investigadores se averiguó que la dirección de la empresa Fitonovo había creado una "infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, habilitando la estructura de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación, creando a su vez una contabilidad paralela que se nutría de facturación falsa para, entre otros fines, pagar sobornos a funcionarios y responsables públicos".

Las prácticas ilícitas descubiertas "causaban un grave daño al interés público en una doble vertiente: pervirtiendo los procedimientos de adjudicación y no realizando las prestaciones comprometidas". Asimismo, al estar la adjudicación predeterminada de antemano en base a intereses particulares y no al interés general, "perjudicaba al resto de las sociedades que concurrían a los procedimientos públicos de contratación".

La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número Seis de Sevilla, que mantiene desde hace 17 meses el secreto de las actuaciones, está siendo realizada por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

La Guardia Civil deja libres a cuatro de los 32 detenidos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han dejado en libertad a cuatro de los 32 detenidos de distintas administraciones y de varios partidos políticos dentro de la operación Enredadera, que formaban una supuesta trama para obtener contratos públicos de forma fraudulenta. Fuentes de la Guardia Civil han explicado que seguirán tomando declaración a algunos detenidos y que a otros, en un número que no han precisado, los pondrán a disposición de la juez Mercedes Alaya a partir del jueves.

Alaya ha dirigido esta operación, que es la tercera fase de otra bautizada como Madeja, también dirigida por la juez y que tiene su origen en las irregularidades descubiertas en torno al concurso público para la compra de terrenos de Mercasevilla SA y que condujo a Fitonovo. Entre los detenidos en Andalucía hay dos jefes de área de la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE, y un ex dirigente de IU que asesoró a Antonio Rodrigo Torrijos, primer teniente de alcalde de Sevilla y al que según un directivo de Fitonovo le entregó 85.000 euros (70.000 de ellos en una caja de zapatos) antes de las elecciones municipales de 2011.

En la Diputación de Sevilla agentes de la UCO han permanecido hasta esta noche porque no les han entregado una documentación relativa al caso, lo que ha provocado que la juez Alaya emita un requerimiento exigiéndola, han añadido las fuentes. Un portavoz de la Diputación de Sevilla, por su parte, negó que no hayan entregado esa documentación y aseguró que han prestado la "máxima colaboración" a la unidad de la Guardia Civil. "Ha habido máxima colaboración, se les ha entregado toda la documentación requerida e incluso más. Se les ha entregado más de lo que exigía el requerimiento. Por ello se ha pedido que la jueza lo constate", ha añadido el portavoz.

También ha sido detenido el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez (PP), concejal además de Participación Ciudadana, Deportes, Festejos, Turismo, Limpieza y Relaciones Institucionales.

De forma paralela al desarrollo de la operación, la juez ha citado en su despacho a siete imputados por las operaciones previas para comunicarles la ampliación de la acusación, entre ellos los directivos de Fitonovo Rafael González Palomo y su hijo José Antonio González Barón, que estuvo preso tres meses.

Fitonovo, según la Guardia Civil, había creado una infraestructura destinada a obtener contratos públicos irregulares, de forma que había habilitado la estructura de la propia empresa para formar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación. La Fiscalía ha pedido dos millones de fianza civil para González Palomo y un millón para su hijo, 500.000 euros para el administrador de Fiverde, otra empresa del grupo, Ángel Manuel Macedo, y 200.000 para el ex director de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla y ex concejal del PP Joaquín Peña.