El debate sobre la vacunación, sobre las opciones del legislador para controlar quién está inmunizado y quien no y sobre qué repercusiones puede tener en la vida personal y laboral la decisión de querer estar vacunado o no se puso sobre la mesa en buena parte de Europa el pasado verano. A nivel internacional, en otros países la carta verde es salvoconducto para espacios públicos o lugares de trabajo. Aquí, de forma incipiente, también se habla de la necesidad de que la vacuna llegue a toda la población, y de qué hacer con los que no quieren que se les suministre. Esta cuestión tiene una arista especialmente peliaguda cuando se habla de los centros educativos.

¿Hay docentes sin vacunar? Sí. Según los datos facilitados a este diario por la Consejería de Salud y Familias, en Granada son –cifra de octubre– 818 las personas dentro del colectivo de trabajadores de centros educativos que no han recibido la vacuna contra el Covid-19.

Esto supone un 3% del total de la plantilla, según la misma fuente, que destaca que en el grupo de priorización 6B y 6C están docentes, personal de Infantil y de necesidades educativas especiales, así como profesionales que atienden al alumnado en centros de enseñanza reglada, tanto de titularidad pública como privada, colectivos que supondrían unas 27.000 personas en Granada. En estos grupos no están los docentes universitarios, que entraron en el plan de inmunización por edad, no como colectivo profesional. La tasa de no vacunados entre los docentes y trabajadores del sector educativo reglado es muy inferior a la que se registra a nivel general en la población granadina, donde, según los datos del Instituto de Estadística yCartografía de Andalucía (IECA), el 81,6% de la población está inmunizada con la pauta completa.

“Nos han vacunado como si fuésemos ganado”, asegura una profesora

El porcentaje del 3% sin inyectar es “bajo”, apunta el presidente provincial de la Asociación de Directores de Instituto de Andalucía (Adián), José Madero, que considera que quien no se vacuna es “insolidario” y que se debería estudiar por parte de la Administración la manera de “no dejarles” desempeñar su trabajo en centros educativos hasta no estar inmunizados. “Todos hemos pasado por la vacunación”, recuerda Madero, que señala que el proceso “no fue fácil”. “Por la familia y por solidaridad hemos pasado por ello y no es de recibo que haya quien no se vacune”, pese a los continuos mensajes. “No sé si hay capacidad” de obligarles, “pero si la hay, no lo veo con malos ojos. Hablamos de salud”, zanja. En su centro, si alguien no está vacunado, no lo ha dicho.

Los docentes y personal de colegios, institutos y escuelas infantiles fueron de los primeros en inmunizarse, dentro del programa diseñado desde Sanidad, y aquel proceso no estuvo exento de polémica. El fallecimiento de una profesora en Marbella marcó un punto de inflexión. Si en un principio se optó por la vacuna AstraZeneca para el colectivo, después se determinó cambiar la fórmula y dejar el preparado de Oxford para los mayores de 55. Después este criterio también se modificó y se anunció que se inyectaría a los mayores de 60 con AstraZeneca, lo que dejó perplejos a los que ya habían recibido la primera dosis. En cualquier caso, desde las distintas organizaciones sindicales siempre se animó al colectivo docente a vacunarse.

Carmen (nombre ficticio) es una de las docentes que trabaja en Granada que ha decidido no vacunarse. El motivo, que “todo esto tiene escondido detrás un plan”. Alega que enfermedades como el cáncer no tienen cura, mientras que para el Covid se halló una vacuna en meses, que se han escondido los datos de las muertes, que no tiene sentido la inmunización por franja de edad o que no se haga con prescripción médica. “Mis hijos están vacunados” según el calendario infantil, y ella asegura que no es negacionista, pero que su sentido crítico la lleva a plantearse qué ocurre con el proceso de inmunización. “Hay preguntas sin fin, por qué esa persecución, por qué preocupa tanto que no esté vacunada”. Asegura que no es la única en su centro. “Nos han vacunado como si fuésemos ganado”, esgrime sobre el proceso desarrollado entre el profesorado desde el pasado mes de febrero. Afirma que conoce casos de efectos adversos de la vacuna.

“Una madre del colegio me dijo: “Seño, desde que me pusieron la vacuna no levanto cabeza. Mira que me lo dijiste”. Con el primer caso de muerte una vacunación se para, y en este caso no se paró”, recuerda. El objetivo, añade, es “tapar la deuda financiera a nivel mundial”. Reseña que sus padres están vacunados, “y los dos han estado ingresados por Covid”. Añade que “hasta que no me respondan” a sus dudas “no me vacuno”. En clase, esta docente asegura que “llevo fatal” que los menores lleven mascarilla. “Les estamos quitando sus derechos”, arguye.

La Delegación de Educación y Deporte, por su parte, indicó que no cuenta con datos “de qué personal está vacunado o no”, ya que es Salud la que gestiona esa información y “por protección de datos no contamos con ellos” –a pesar de formar parte con Salud de una comisión provincial –, aunque les consta “el alto índice de población vacunada”.

Desde Salud y Familias, recientemente el consejero del ramo, Jesús Aguirre , puso sobre la mesa de nuevo a la posibilidad de instaurar el pasaporte Covid de modo obligatorio para acceder a los centros hospitalarios o a los eventos multitudinarios, pues sería la “solución” para “incitar” a los no vacunados a que lo hagan ya que “puede tener una repercusión de cara a su vida social y laboral”, señaló el titular de Salud.