El dueño de la discoteca del Serrallo pide a la jueza que también cierre las tirolinas

El propietario de la discoteca del Serrallo, cerrada desde hace un mes por orden de la jueza que investiga este caso, ha pedido mediante un escrito que se extienda la medida cautelar a otras instalaciones aledañas al centro comercial, como es la pista de patinaje o la edificación del circuito de multiaventura con tirolinas.

El titular del negocio, que se lo adjudicó en subasta tras la quiebra de la anterior empresa -vinculada al constructor- expone en su escrito remitido al Juzgado que hay otras instalaciones que estarían "tan fuera de la legalidad como presuntamente lo está la sala de fiestas y el bar quiosco".

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, donde se investiga el caso Serrallo desde 2014, dictó un auto en diciembre pasado por el que acordaba la suspensión de cualquier licencia que permitiera el funcionamiento de la polémica discoteca, una construcción realizada en una zona donde estaba previsto un parque infantil.

Se trata de una medida cautelar hasta que haya una resolución firme en este caso, que podría encontrarse al término de su fase de instrucción. La nueva empresa propietaria, que ha tenido que acatar el cierre, pero ha advertido de las posibles pérdidas que esta medida le supone, se ha personado en el caso, por ser parte afectada.

A los pocos días, el representante de la sociedad Sky Club Serrallo Plaza ha remitido un escrito a la jueza en el que explica que en el sumario constan informes periciales de la Junta de Andalucía que pondrían en duda no solo la legalidad de su negocio si no la de otras instalaciones de la zona del plan parcial T2.

Cita particularmente la compactadora de residuos gestionada por la empresa sucesora de la sociedad que construyó el centro comercial y su entorno, relacionada con el empresario investigado en este caso, Roberto García Arrabal.

Se refiere también a la pista de patinaje con cafetería (que tiene una carpa y que podría computar en la edificabilidad total) y a la edificación que permite el funcionamiento del circuito de multiaventura, gestionado por la sociedad Multiaventuras Serrallo Plaza.

Todas esas edificaciones computarían para que el conjunto exceda el 2% de máximo permitido para construcciones de uso complementario en el Plan General de Ordenación Urbana. Todo ello, según los informes de la Junta de Andalucía que aparecen en el sumario de este caso.

Algunos de los investigados, como la exconcejala de Urbanismo Isabel Nieto, también remitieron al Juzgado escritos sobre esta medida cautelar en los que rechazaban el cierre, al considerar que la orden podría acabar repercutiendo en indemnizaciones millonarias al nuevo propietario del negocio de restauración.

En aquel escrito, la exedil y otros altos cargos de Urbanismo, consideraban que el cierre del local es una responsabilidad del Ayuntamiento de Granada, que por otro lado, no había renovado las licencias caducadas, según su criterio. Exponían en su recurso, que el negocio estaría funcionando hasta ese momento con una declaración responsable de actividad que no consideraban suficiente.