El juez eleva a 17 los investigados en el caso de las audioguías de la Alhambra

El juez Antonio Moreno, que investiga si existía una organización criminal para la adjudicación arbitraria de contratos siendo directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife (PAG) María del Mar Villafranca, ha ampliado a 17 el número de investigados, al incluir en la supuesta trama a una empresaria que presuntamente jugaba "un papel fundamental" en la gestión del monumento.

La empresaria en cuestión, cuyas iniciales son B.P.P., es una "íntima amiga" de la exdirectora y, a juicio de la Policía, habría sido "creadora de las líneas estratégicas del PAG, como definidora de las necesidades a cubrir contractualmente por el PAG, como gestora del propio Patronato por delegación de sus dirigentes máximos". Así lo reflejan los investigadores del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial en el último oficio que han remitido al magistrado, quien a tenor de su contenido ha decidido incluirla en el caso.

La inclusión de B.P.P. se ha acordado a través de un auto fechado el 17 de octubre y al que ha tenido acceso este diario. En él, el magistrado también suma a la lista de entidades bajo sospecha la empresa BPP Innoves S.L., en la que figura como administradora única la nueva investigada.

De este modo, ya son nueve las empresas bajo sospecha: Heritage-Patrimonio Paisajes y territorio S.L., Novotec Consultores S.A., Deco Desarrollo Cultura S.L., CB Group Formación, Servicio de Intermediación Comercial Nomade S.L., Administración y Gestión de Recursos Granada S.L.U., y Ciringüili S.L., y Sthendhal Museum Solutions S.L. (antes GTP Museum Solutions S.L.), adjudicataria del servicio de audioguías.

Además ha solicitado al nuevo director del PAG, Reynaldo Fernández Manzano, toda la documentación existente relacionada con los contratos firmados con la empresa de B.P.P., a fin de determinar si, como sospecha la Policía, ha sido "receptora de contratos millonarios" como persona física, o en su doble faceta de administradora de su empresa y de trabajadora de otra entidad dedicada a sistemas de información.

La Policía llega a estas conclusiones a raíz de las declaraciones voluntarias de dos testigos, así como de otras pesquisas que apuntan a la existencia "de nuevos indicios de responsabilidad" por la presunta participación de esta nueva investigada.

Ahora, el juez, que es el titular del Juzgado de Instrucción número 4, ordena que se dé traslado a B.P.P. de la querella de la Fiscalía y de los dos autos que han ampliado la investigación, pues considera que indiciariamente fue "definidora de necesidades ficticias a cubrir contractualmente por el PAG, luego adjudicadas ilícitamente mediante procedimientos espurios a las empresas y personas investigadas". Es más, entiende que sin ella, a la que la Policía llega a considerar "la gran conseguidora" de fondos europeos, "no es posible conocer con exactitud el funcionamiento del Patronato todos estos años".

Los delitos apreciados en el caso, de momento de forma indicara, son ocho. Los tres que se observaron en un principio eran prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. A ellos, les sumó en junio otros cinco posibles ilícitos "conexos": falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias, cohecho y organización criminal.

El origen de esta causa penal, que se inició en julio del año pasado como el 'caso de las audioguías', está en una querella de la Fiscalía por presuntas irregularidades en la adjudicación de este servicio del monumento. Con posterioridad, el asunto ha adquirido unas dimensiones mucho mayores, al concluir la Policía que podría haber supuestas anomalías en otras contrataciones y existir una trama para adjudicarlas ilegalmente a amigos y conocidos.

Esta presunta "organización criminal" estaría "pensada y conformada especialmente por el señor Visedo y la señora Chamorro" -que eran el jefe de la Sección Económica y Contabilidad y la secretaria general del PAG en las fechas investigadas- , y contaría con la participación "concertada e indispensable" del resto de personas implicadas.

Según las fuentes del caso consultadas por este diario, aún no ha sido citado ningún investigado a declarar ante el magistrado Antonio Moreno.