Quien tiene un piso en el Albaicín, por ejemplo, conoce perfectamente el tortuoso camino para poder reformar una vivienda. El Gobierno andaluz ha aprobado un decreto ley que "modifica y simplifica" veintiuna leyes y seis decretos en un total de cien trámites administrativos, con el objetivo de acabar con la "maraña" de "trabas burocráticas". En este sentido, la Junta sustituye la licencia de obras por una declaración responsable para ocupar viviendas y poner en funcionamiento locales, comercios y servicios, y se suprime la autorización de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico para obras menores en edificios situados en los centros históricos, siempre que el edificio no esté incluido individualmente en el Catálogo de Patrimonio Histórico.

También se sustituye la licencia de obras municipal por una Declaración Responsable en el caso de obras menores y obras en instalaciones de suelo urbano consolidado, siempre que sean conformes con la ordenación urbanística y no alteren los metros de edificabilidad o el número de viviendas.

Esta medida permitirá iniciar las obras desde el momento en el que se presente la declaración, eliminando un trámite que según la Junta podía durar en algunos municipios hasta un año.

Se elimina la restricción a entidades privadas para participar en la gestión de los servicios públicos de comunicación local, por lo que un tercero podrá gestionar una televisión, radio o medio municipal, ya no tendrá que ser obligatoriamente el consistorio.

La Junta también suprime trabas para favorecer la implantación de proyectos de acuicultura; incorpora un proceso "más ágil" de la ley de calidad ambiental para impulsar la instalación de almazaras y favorecerá la implantación de plantas de reutilización, compostaje y puntos limpios.