Las dudas sobre el embargo del legado se disipan tras el acuerdo con las trabajadoras

De las innumerables polémicas que han rodeado a la Fundación Lorca en los últimos años, la última fue la denuncia de tres extrabajadoras que reclamaban 240.000 euros por el impago de diez nóminas, lo que abrió la puerta a que el legado de Lorca pudiera ser embargado por esta causa. La Fundación presidida por Laura García-Lorca siempre reconoció esta deuda y, según confirmó ayer a este periódico el secretario de la Fundación, José Guirao, ya se ha llegado a un acuerdo rubricado en el Juzgado de los Social número 29 entre ambas partes en el que se establece un calendario de pago y que cierra otra de las polémicas que han sacudido a la institución.

En cuanto a la declaración del legado como Bien de Interés Cultural por la Comunidad de Madrid, Guirao señala que continúa la tramitación aunque en "ningún caso" afectará al traslado de los fondos a Granada. Ni siquiera será necesario que la Junta retome este expediente cuando los fondos se trasladen a Granada, según anticipa el secretario de la Fundación. "Un BIC puede estar en Andalucía y que el expediente se haya tramitado en Madrid, el único problema surge si se pretende trasladar al extranjero", señala.

En el escenario actual, tras la liquidación de la encomienda y el acuerdo para la llegada del legado antes del 30 de junio, el panorama se ha despejado ya totalmente y quedan por cerrar detalles sobre el traslado definitivo de los documentos y el personal del que deberá dotarse el Centro Lorca para la custodia y cuidado del legado, caso de los archiveros que serán aportados por la Junta de Andalucía.