La Fundación Empresa de la Universidad de Granada ha tenido que presentar varios recursos judiciales para tratar de frenar un embargo de sus cuentas ordenado la semana pasada por el Juzgado que resolvió el caso de la Urbanización Cármenes del Mar, en Cerro Gordo. Esta entidad se ha visto envuelta en la condena por los defectos constructivos de las 400 viviendas solo por haber sido la mediadora administrativa en el contrato entre las empresa promotora y los investigadores de la UGR que hicieron el estudio del suelo.

Las casas de los Cármenes del Mar, de la Herradura, han sufrido en los últimos años unos deterioros muy graves e incluso alguna ha tenido que ser demolida debido a que la construcción fue defectuosa. La empresa promotora Cerro Gordo SL (Comarex) fue condenada en 2014 a hacerse cargo de las reparaciones necesarias, pero también se declararon responsables a los arquitectos e ingenieros que hicieron los trabajos y a la Fundación Empresa-UGR.

La participación de la entidad vinculada a la Universidad en esta obra consistió en ser la mediadora administrativa del contrato de servicios entre la promotora y los investigadores de la UGR que hicieron uno de los estudios del terreno. La Fundación obtuvo 120 euros de esta operación, pues percibe el 4% de los contratos, que en este caso fue de 3.000 euros.

El Juzgado ha ordenado que se realicen unas obras de emergencia en esas viviendas, que tienen un coste de 3,6 millones de euros, y por eso ha dado luz verde al embargo de cuentas de los condenados, que tienen que afrontar esta cifra de forma solidaria. A diferencia de otros condenados, que están en quiebra, la Fundación sí tiene fondos en sus cuentas, pero ha advertido en un recurso al Juzgado de que ese dinero no es exactamente de su propiedad, pues esta entidad actúa como mediadora económica entre los investigadores de la UGR y muchas empresas que solicitan y pagan sus servicios. Un millar de científicos de la Universidad podrían verse afectados si el proceso sigue adelante.

Fuentes de la Universidad precisaron que la Fundación Empresa-UGR sólo actúa como mediador administrativo en este tipo de contratos y no tiene capacidad para controlar el contenido ni la calidad de los trabajos o servicios prestados. Por este motivo, la entidad privada participada por la Universidad de Granada no tiene seguro de responsabilidad civil que pudiera hacer frente a una contingencia como la de ahora.

Los trabajadores e investigadores vinculados de alguna manera a la Fundación tienen sus esperanzas puestas en las alegaciones presentadas ante el Juzgado número 12 de Granada, que es el que ha ordenado el embargo. Pero sobre todo, esperan que la Audiencia Provincial saque a la entidad de entre los responsables de este caso, pues la condena está recurrida y este órgano judicial tendrá que decidir en breves fechas si la ratifica o no.

La orden de ejecutar las medidas cautelares de reparación de las casas de Cármenes del Mar ha llegado este mes, cuando los propietarios de esas viviendas han presentado ante el Juzgado el aval de más de un millón de euros que se le había exigido para poder obligar a los condenados a pagar esas obras antes de que se resuelva el recurso ante la Audiencia.