Los 55 empleados de Alhambra Bus tendrán el mismo convenio que sus compañeros de Rober

El juzgado de lo Social número 5 de Granada ha decretado como "ilegal" la cesión de trabajadores por parte de Rober a su filial Alhambra Bus. Esta última empresa, que no es más que un apéndice de Rober, gestiona desde hace años una plantilla de 55 trabajadores. Actualmente se encargan de las líneas de autobús C1, C2, C3, C5, C6 y C7, aquellas rutas que conectan con el Albaicín y el centro y que por sus características geográficas (calles estrechas) no las pueden cubrir los autobuses urbanos más grandes. Pese a que el trabajo que realizan estos trabajadores es igual al que prestan sus compañeros adscritos a la empresa Rober, su nómina a final de mes es bien distinta. De media cobran unos 300 euros menos. Ante esta situación el delegado de personal de Alhambra Bus interpuso una demanda en los juzgado que ahora ha visto la luz dando la razón a los trabajadores. ¿Qué significa esto? Pues que la empresa Rober tendrá que integrar a estos trabajadores en el mismo convenio colectivo que el resto de compañeros. Para el Ayuntamiento esto se traduce en un gasto cercano al millón de euros. La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, anunció ayer que el equipo de gobierno dará cumplimiento a esta sentencia y, por ende, a una moción que aprobaron todos los grupos municipales en el mismo sentido.

Mañana viernes la responsable de Movilidad se reunirá con los trabajadores con la idea de hacer una equiparación de salarios de forma paulatina (en cuatro años), de manera que este desembolso no suponga un perjuicio para las ya de por sí escuálidas arcas municipales.

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, recordó ayer que ya hubo una sentencia similar para las líneas búho. En este caso el juez terminó considerando que éste es un transporte urbano, por lo que entendía que no se podía subcontratar.

Ahora, Francisco Puentedura se congratula de que esta nueva sentencia unifique las condiciones laborales de todos los trabajadores y se unifiquen servicios. "La sentencia acaba con la precariedad laboral y garantiza las mismas condiciones en el servicio para los usuarios del centro y el Albaicín, de manera que haya una igualdad en la prestación del servicio".