El empresario José Puertas niega haber sobornado al alcalde popular de Otura

José Puertas Laguna, propietario de Puertas Melero, aseguró ayer ante el jurado que lo enjuicia esta semana en la Audiencia de Granada que "no hubo" soborno alguno al alcalde de Otura y a su concejal de Obras y Servicios, Ignacio Fernández-Sanz e Ignacio Pérez, respectivamente. "¿De dónde saco yo? ¿De las macetas?", manifestó irónico el empresario haciendo con la mano el gesto que se suele realizar para hablar de billetes: frotar repetidamente las yemas de los dedos índice y pulgar.

Puertas, a quien la magistrada-presidenta del tribunal tuvo que llamar en numerosas ocasiones la atención para que no se fuera por las ramas, negó así haber ofrecido 3 millones de euros a ambos políticos el 25 de septiembre de 2007 para que no concediesen a una constructora, Alcuba S.A., las licencias de primera ocupación de las viviendas de una urbanización levantada en unos terrenos suyos.

La Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Ayuntamiento de Otura, que piden penas de dos años, y un año y medio de prisión, respectivamente, sostienen que el empresario no quería que se recepcionara la obra ni que se concediesen los permisos para ocupar las casas "con el fin de poder ejecutar un aval bancario de 3 millones de euros". Pero Puertas negó durante su interrogatorio tales acusaciones, asegurando que si no quería que le entregasen las casas era porque "no estaban terminadas" y presentaban "desperfectos". A día de hoy sin estar acabadas y reparar las deficiencias costaría al empresario más de 2,4 millones de euros.

El referido aval sólo podía ejecutarse si la constructora no entregaba las viviendas en los plazos fijados en el contrato de permuta que firmó con el empresario en 2003. En él, ambas partes habían acordado que la constructora levantaría las casas en el solar de Puertas -unas tierras que el empresario había comprado previamente al padre del alcalde- con la condición de luego entregarle 50 de las viviendas, valoradas en 19 millones.

Durante su declaración, el empresario sólo reconoció que el 25 de septiembre de 2007 asistió a una reunión, "convocada por el alcalde", para tratar sobre los problemas de la la urbanización, después de haber girado el primer edil una visita días antes al lugar para comprobar "los defectos" que presentaban algunas de las casas.

Tras la reunión, en la que estuvo la Alcuba y que acabó sin entendimiento alguno, fue cuando, de acuerdo con su versión, el alcalde pidió al empresario que se quedase, a fin de solicitarle la cesión de un solar que éste posee en el centro del pueblo, con el objetivo de "hacer allí un aparcamiento o plaza pública", a la que le pondría su nombre: "Plaza José Puertas". En ese segundo encuentro, según reconoció el procesado, los tres volvieron a hablar sobre la recepción de las casas. "Y el alcalde me dijo -añadió- que haría lo que le aconsejaran sus técnicos".

Según Puertas, la relación con el primer edil era cordial hace tiempo -llegó a afirmar que el alcalde le pidió en alguna ocasión dinero "para gastos urgentes"-, pero actualmente mantienen una guerra abierta en los juzgados que prueba que la relación entre el empresario y el popular ya no es buena. Basta con recordar que en uno de los juzgados de Santa Fe existe una causa en la que está imputado el alcalde por presunta prevaricación, precisamente por haber concedido las licencias de primera ocupación de las viviendas de Puertas.

Lo cierto es que cuando acabe el juicio, que continúa hoy, al jurado le queda una difícil decisión: determinar si Puertas, de 72 años, es culpable o no de cohecho. Sus miembros permanecieron ayer muy atentos a todos los planteamientos introductorios de las partes, entre los que destacaron dos consideraciones realizadas por la defensa del empresario, que atribuyó la denuncia del supuesto soborno al "absoluto enconamiento" que existe entre el primer edil y su cliente. La primera de las referidas consideraciones fue que, normalmente, cuando un empresario trata de comprar la voluntad de un político, es para que conceda una licencia y no para que no la conceda. La segunda: que sería "ridículo" ofrecer tres millones de euros "para poder ejecutar un aval precisamente de tres millones de euros". También hizo hincapié la defensa en que el alcalde y su edil tardaron "cinco meses" en denunciar el supuesto ofrecimiento de Puertas.

La acusación popular, por su parte, explicó al jurado que Puertas, al estar acusado, tiene derecho a mentir en su declaración, y recordó que aunque éste diga que su profesión es la de "jardinero", en realidad se trata de un "hombre rico", que en el año 2005 era dueño de un terreno de 300.000 metros cuadrados y que se dedicó "a especular", cerrando aquella permuta con Alcuba. Luego, según insistió, lo único que buscó fue que la empresa "incumpliera" el contrato firmado.

En la sesión de hoy declararán como testigos el alcalde de Otura y el concejal de Obras y Servicios, a quienes supuestamente trató de sobornar el empresario José Puertas. Sus testimonios son realmente la única prueba que existe contra él, ya que no hubo más testigos del momento en que se produjo el supuesto ofrecimiento de dinero que el empresario niega.