El empresario hotelero Miguel Rifá se sienta ya en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Almería, junto a otras seis personas más, como presunto autor de los delitos contra la Hacienda Pública, insolvencia punible y alzamiento de bienes con su grupo hotelero, que era propietario del Hotel San Antón de Granada y una quincena de establecimientos, la mayoría en Almería.

Un juicio en el que se dirimirá si se había realizado un vaciamiento patrimonial de las principales mercantiles del grupo hotelero de Rifá para evadir impuestos. Entre esas mercantiles está la sociedad Portocarrero Resort, de la que es propietario y administrador Rifá y que es la propietaria del grupo Citymar, dueño del Hotel San Antón de Granada en el momento de su primer cierre, en diciembre de 2014. De hecho, aunque el hotel lo construyó y gestionó Ávila Rojas desde su apertura en 1993 hasta 2006, en ese año lo vendió a la cadena Hoteles Citymar, de Rifá, que en 2013 a su vez se unió a Marvel para crear el grupo Vita, que lo gestionó hasta diciembre de 2014, momento de su primer cierre. Casualmente, el propietario Marvel Hotel, Josep María Morros, también fue detenido en una operación en Cataluña por estafa y entró en prisión. Entonces Rifá anunció querellas contra él para recuperar sus hoteles.

El empresario Miguel Rifá (d) durante la primera jornada de la vista oral en la Audiencia de Almería.

El hotel estuvo cerrado hasta 2017, cuando la cadena Ohtels se hizo cargo de su reapertura. Pero en enero de este 2023 volvió a cerrar después de un proceso de subasta que quedó desierto y que dejó a este emblemático hotel de Granada vacío y cerrado. Y ahí sigue pese a su cercanía con el Palacio de Congresos, la reactivación del turismo y el boom por la apertura de nuevos hoteles en el Centro de la ciudad que se está produciendo. Se subastaba, con un valor de 29,2 millones aunque sin precio mínimo, porque estaba inmerso en un proceso de reclamación de deuda de 2 millones entre propietarios y arrendatarios. Una reclamación que realizaba la compañía Traveller Issuer (con sede en Dublín) a Hotel SML (con sede en Lisboa y que en los últimos años ha aparecido en el listado de morosos de la Hacienda Pública), que a su vez lo tenía arrendado a la empresa Lake Eire. Entre las cargas figuraba una hipoteca de 20 millones, que se elevaba a 34 por intereses y costas. 

Con el primer cierre del Hotel San Antón en 2014, los trabajadores colgaron pancartas contra el grupo Vita Hoteliers y más concretamente contra Miguel Rifá, propietario del mismo antes de su fusión con Marvel y ya investigado en esta trama de estafa fiscal. Entonces el personal no se creía el cierre, con el hotel lleno, y lamentaban que con la entrada de Vita Hoteliers se había "hundido". Entonces eran 50 trabajadores que llevaban cuatro meses sin cobrar.

Un alzamiento de 98,6 millones

En la Operación Hostelero, en mayo de 2012, se consiguió desmantelar una red de sociedades mercantiles para la evasión de impuestos e impago de deudas de la que el principal acusado era Rifá y otras seis personas más. La Fiscalía le pide 29 años y 11 meses de cárcel por operaciones fraudulentas entre 2008 y 2011 utilizando un entramado de sociedades españolas, portuguesas y británicas con domicilio fiscal en las Islas Vírgenes.  Un "plan preconcebido" cimentado en una compleja red de sociedades interpuestas y negocios jurídicos irreales con la colaboración de diversos testaferros con el doble objetivo de evitar el pago de impuestos y realizar un "vaciamiento patrimonial" de las principales mercantiles del grupo hotelero. Por su parte, la Abogacía del Estado elevaba la petición de pena para Rifá a 34 años por dos delitos de alzamiento de bienes y seis contra la Hacienda Pública. 

El alzamiento estaba cuantificado en 98,6 millones de euros, según los escritos de acusación. El juzgado instructor abrió juicio oral en noviembre de 2019 contra siete personas y contra 13 sociedades mercantiles, entre ellas Portocarrero. A Rifá se le atribuyen siete supuestos delitos tributarios por IVA, impuesto de Sociedades e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, uno de ellos en tentativa, y dos delitos de insolvencia punible.

Ahora, once años y tres meses -4.116 días- después de que la Operación Hostelero, desarrollada en mayo de 2012 por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, permitiera desmantelar una potente y compleja red de sociedades mercantiles para la evasión de impuestos y el impago de deudas millonarias, una mecánica defraudatoria a gran escala insólita en Almería, ha llegado el momento de sentar en el banquillo a Miguel Rifá y seis personas más, entre ellos su asesor económico Israel Martínez y el empresario portugués Luis Filipe Da Silva, para responder ante la justicia por delitos contra la hacienda pública, insolvencia punible y alzamiento de bienes.