Granada

Los empresarios rechazan la subida del IBI impulsada por el Ayuntamiento

  • Gerardo Cuerva asegura que la medida supone un aumento desproporcionado a las "tractoras de la economía"

Fachada del Ayuntamiento de Granada.

Fachada del Ayuntamiento de Granada. / G. H

La Confederación Granadina de Empresarios (CGE) ha mostrado hoy su rechazo a la propuesta de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Granada que se llevará el viernes a pleno, ya que supondrá un aumento "desproporcionado" de la ya elevada presión fiscal que soportan las empresas tractoras de la economía de Granada capital.

La modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que recibió ayer el visto bueno de la comisión extraordinaria del Ayuntamiento con los votos favorables de PSOE, IU y Vamos Granada y la abstención de PP y Ciudadanos, incrementará los tipos más de un 42% en el caso de edificios dedicados a actividades comerciales, industriales, de ocio y hostelería, oficinas, estacionamientos y edificios singulares. Se trata de una "subida extraordinaria, discriminatoria y abusiva que únicamente responde a la necesidad de aumentar los ingresos a corto plazo con el objetivo de intentar aprobar los presupuestos".

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva. El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva.

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva. / G. H.

El presidente de la CGE, Gerardo Cuerva, ha reiterado la disconformidad de los empresarios con una iniciativa que, en la práctica, supone castigar a las empresas que tanto esfuerzo ha costado atraer y mantener en Granada.

"Estamos absolutamente en contra de que se suba el IBI un 42% a los inmuebles donde se ubican los principales motores de riqueza y empleo de la ciudad en sectores estratégicos como la industria, el turismo y los servicios, algo que afectará a empresas vitales para nuestra economía como por ejemplo Puleva, Abbot, Cervezas Alhambra, Rovi, Northgate Arinso o los más importantes hoteles de la ciudad", ha indicado Gerardo Cuerva, apuntando que la subida del IBI mermará la competitividad y el atractivo de la plaza Granada para la instalación de nuevas empresas.

"Si elevamos la presión fiscal estamos favoreciendo que las grandes compañías se decanten por otros territorios donde reciban un trato más justo", ha explicado Gerardo Cuerva, recordando que el tejido empresarial granadino, compuesto mayoritariamente por microempresas, "también necesita de grandes compañías que tiren del carro, muevan la economía y generen inversión".

Para la CGE, esta subida del tipo diferenciado del IBI muestra la "política contradictoria" del Ayuntamiento de Granada, que por un lado "quiere atraer a la ciudad a empresas tractoras y, por otro, eleva la carga fiscal que tendrán que soportar si se instalan en la ciudad". Si finalmente se aprueba el incremento del impuesto, Granada "puede ver cómo las empresas internacionales que estamos intentando atraer eligen otras ubicaciones, incluidos los municipios del Área Metropolitana".

Los empresarios granadinos aseguran que la propuesta del Ayuntamiento de Granada "responde a un intento de cuadrar los presupuestos en vísperas de las próximas elecciones municipales".

"Estamos en contra de que la falta de control de gasto de las administraciones la paguen las empresas, sean estas grandes, medianas o pequeñas", ha apuntado el presidente de la CGE, que ha criticado que "subir los impuestos que soportan las empresas sea siempre la solución", en lugar de adoptar medidas como la contención del gasto o la optimización de recursos, que son mucho más beneficiosas para la ciudad. Sirva como ejemplo el plan de productividad que se ha aplicado en Urbanismo tras la petición de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), que ha permitido agilizar la tramitación de licencias e ingresar 2,1 millones de euros en concepto de ICIO en las arcas municipales.

"En lugar de poner en marcha acciones eficaces y necesarias como esta, el Ayuntamiento opta por subir los impuestos a las empresas, pese a que los empresarios ya pagamos la mala gestión de las administraciones con retrasos insostenibles en el abono de facturas, con trabas burocráticas que ralentizan nuestra actividad y con altas cargas fiscales".

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