Un total 520 empresas y autónomos de Granada, Málaga y Jaén se adhieren al proceso de reclamación al Gobierno central de 31,8 millones de euros correspondientes a parte de lo que dejaron de ganar a raíz del primer estado de alarma, declarado el 14 de marzo hasta el 18 de junio de 2020. El 63% de estas empresas son granadinas.

HispaColex, uno de los despachos más importantes de España, comenzó en enero un estudio a petición de La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada sobre la posibilidad de reclamar los daños ocasionados a las empresas del sector durante el primer estado de alarma. Su conclusión es que deben ser indemnizados por el Gobierno aquellos daños y perjuicios ocasionados a las empresas que fueron un instrumento para la consecución del interés general y que, por tanto, han realizado un sacrificio especial.

El fundador y director del bufete granadino, Javier López y García de la Serrana, explica que la reclamación se apoya en el Artículo 3.2 de la LO 4/1981 que regula los estados de alarma, excepción y sitio en el que se recoge que «quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes».

El secretario general de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada, Antonio García expresa "todo el respeto y consideración por la situación pandémica, pero se han generado muchas perdidas" y especifica que "el Gobierno no ha tenido la culpa de la pandemia, pero la hostelería tampoco. Si usted nos quita una cosa, tiene que restituirla, nosotros apelamos al código napoleónico".

En esta línea García de la Serrana matiza que la reclamación no se debe a un mal funcionamiento de la administración, sino a la compensación por "lo que las empresas han dejado de ganar como consecuencia de haberse visto obligadas a cerrar los negocios, además de los pagos de alquiler, teléfono, luz y todos los servicios que no se pudieron dar de baja durante el estado de alarma" y añade que "en realidad, las pérdidas ascienden a una cifra más alta, hasta un 30% más, pero se han descontado ayudas como los ERTE y los daños inevitables causados por la pandemia que han sufrido todos los sectores".

El 1 de junio quedaron presentadas 512 reclamaciones dirigidas al Gobierno, justificadas con la documentación económica y tributaria aportada por cada empresa en un informe jurídico-económico individualizado con el objetivo de ser indemnizados por el lucro cesante única y exclusivamente durante el primer periodo de estado de alarma. El Gobierno dispone de seis meses para responder a las declaraciones y, en caso de silencio administrativo, se solicitará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. García de la Serrana explica la estrategia a seguir, "en caso de no obtener respuesta esperaremos a ver qué ocurre con reclamaciones desde otras localidades, pero tampoco esperaremos demasiado porque no tenemos nada que perder". 

Además, Antonio García ha adelantado una segunda ola de reclamaciones desde la Federación Provincial de Hostelería y Turismo, que de la mano de HispaColex, reclamará las pérdidas por lucro cesante correspondiente al segundo estado de alarma, pero esta vez, al Gobierno de la Junta de Andalucía como responsable de las medidas aplicadas durante este periodo.