El "enigma" del contrato de vigilancia y control de accesos a los edificios municipales de Granada

En la comisión municipal de Economía de este miércoles se ha explicado lo que la propia concejala de Economía del Ayuntamiento de Granada, Rosario Palláres, ha calificado como el "enigma" del contrato de servicios de vigilancia y control de accesos de edificios municipales. Un contrato que está vencido y cuyo servicio se viene prestando sin cobertura contractual y que ha pasado por distintos puntos con dos equipos de gobierno diferentes y sin resolver aún.

Todo partió de la aprobación de dos reconocimientos extrajudiciales de crédico para pagar facturas atrasadas a Sabico y a Rafael Luque, los dos concesionarios de los dos lotes en los que se dividió el contrato. En total unos 400.000 euros. En el caso de Sabico, 300.000 euros por facturas de enero a octubre de este año después del reconocimiento de otros 150.000 euros por facturas del 2024. En el caso de Luque, unos 77.000 euros.

Pallarés ha explicado el "debenir" de este contrato, con origen en el año 2020. El contrato se adjudicó entonces en dos lotes a partir del 1 de enero de 2021 en el lote 1 y del 2 de marzo de ese año en el lote 2. El lote 1 lo ganó Sabico y el 2, Luque. El contrato era por dos años con posibilidad de dos prórrogas anuales con un máximo de cuatro años. El lote 2, según la concejala, no tuvo incidencias y se ejecutó dos años y las dos prórrogas anuales. Venció en marzo de 2025 y sigue prestando servicio porque no está la nueva licitación, por lo que hay que pagar las facturas con esos reconocimientos extrajudiciales.

No pasa lo mismo con el lote 1 de Sabico. Según Pallarés, nada más comenzar la empresa ya comunica que "no le resulta rentable económicamente y quiere rescindirlo", a lo que se le dijo que no. "Tras esa manifestación de la empresa el Ayuntamiento intenta imponer penalidades por incumplimiento del contrato entendiendo que como la empresa no está conforme no está respondiendo adecuadamente, a lo que contratación, analizando pliegos, entiende que no se dan causas para ello". Dos años después, antes de las prórrogas, "no entiendo que en Junta de Gobierno Local se acuerde la primera prórroga. Es un "enigma" que se inicie y acuerde una primera prórroga cuando ni era satisfactoria para el Ayuntamiento ni para la empresa. Se debería de haber trabajado por una licitación nueva", considera la concejala. En cambio se prorrogó un año y en la segunda prórroga, ya sin con el nuevo gobierno del PP, se acuerda una prórroga de seis meses, hasta julio de 2024.

Ante esta situación desde el 5 de julio se presta servicio sin amparo contractual. "¿Cómo quiere seguir prestando servicio sin contrato si desde el principio no estaba conforme?", se pregunta Pallarés, que califica de "inexplicable" la situación.

En la tramitación del nuevo contrato se mandaron unos primeros pliegos de prescripciones técnicas que Contratación echó para atrás porque no venía la subrogación del personal. Ahora ya sí cumplen los requisitos y están desde noviembre en Contratación, esperando que antes de que termine diciembre esté licitado y adjudicado a medidados de febrero.