La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte". En 1935 se estrenaba la película Una Noche en la Ópera y con ella la famosa escena de los hermanos Marx sobre los términos legales. La parodia ha llegado hasta nuestros días y eso significa que la situación no ha cambiado mucho desde entonces. A una gran parte de la población le sigue sonando a chino el lenguaje con el que se redactan los contratos, las leyes y, sobre todo, las sentencias.

Incluso los juristas tienen dificultades para entenderse entre ellos mismos. Lo demuestra este pequeño fragmento de una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (SAP 1781/16) que se refiere así a la decisión de un juez de lo penal: "como quiera que la vejación comporta una cierta infracción a la libertad, aquella lleva consigo una coacción, y como quiera que esta conducta penal de carácter leve no ha sido despenalizada, existiendo el delito leve de coacciones (...) la vejación injusta no queda impune. El argumento es, a juicio de la Sala, tan complejo de comprender como alejado a toda técnica jurídica". Sí, es lo que parece. A pesar de compartir profesión y un léxico similar, a los magistrados les ha costado captar la enrevesada lógica de su compañero. No son los únicos a los que les ha ocurrido algo parecido. Según un estudio del Consejo General del Poder Judicial, 8 de cada 10 ciudadanos no comprenden correctamente el significado de las expresiones que leen y que escuchan cuando acuden a los tribunales.

La Real Academia de la Lengua presentó en 2017 el manual 'Libro de estilo de la Justicia'

El lenguaje tiene mucho que ver con la legitimidad de las decisiones judiciales y la confianza hacia la labor de los jueces en una sociedad basada en la soberanía popular. La cuestión es más profunda de lo que parece: ¿puede ser justa, en términos democráticos, una sentencia incomprensible y que, por lo tanto, no puede ser criticada? Cristina Carretero, profesora de Derecho Procesal de ICADE, lleva años advirtiendo sobre los peligros de una Justicia ininteligible. "Vivimos en un Estado de Derecho que ha de propiciar que todos entendamos las normas. Es un principio básico que está fallando en la medida en que los ciudadanos no podemos comprender aquello a lo que estamos obligados".

En opinión de Carretero, el origen del problema está en las propias leyes. "Si tenemos una legislación con unos términos complicados como ocurre actualmente, los operadores jurídicos, los jueces, tienen grandes dificultades a la hora de aplicar las normas. A partir de ahí el proceso ya está viciado". Las consecuencias de estos "vicios" se pueden comprobar a simple vista. "Encontramos sentencias que van a párrafo por página y el cerebro humano no está preparado para leer tantas líneas sin tener que volver hacia atrás constantemente", apunta.

La Real Academia de la Lengua presentó en 2017 el Libro de estilo de la Justicia. La iniciativa tuvo como precedente el informe de 2009 de la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. Ambos textos tienen el objetivo de hacer llegar el Derecho al mayor número de personas posible. Entre sus recomendaciones están la traducción de tecnicismos y el uso de frases cortas, con una redacción clara basada en la clásica fórmula de sujeto, verbo y predicado. Paradójicamente, tanto el informe como el libro de la RAE son dos grandes desconocidos.

También hay quienes no están dispuestos a cambiar su estilo de redacción. Consideran que existe el riesgo de que los conceptos legales acaben perdiendo significado y contenido y con ello se estreche el margen de maniobra a la hora de adaptar la norma general al caso concreto. Cristina Carretero no comparte este argumento. Desde su punto de vista, los juristas siempre deben usar dos registros. Uno técnico, que les sirva para comunicarse con otros profesionales y otro coloquial para dirigirse al resto de personas. "Tenemos la obligación de hacérselo fácil al ciudadano, porque su interés es el interés superior en cualquier caso", concluye.