José Antonio Funes lleva casi dos años al frente del Consejo Escolar de Andalucía, lo que le da un punto de vista privilegiado al estar en contacto directo con todo el tejido educativo de la comunidad. “Soy muy pesimista con el pacto educativo. Es una palabra manida, que ha perdido frescura de tanto usarla sin deseo”, señala en referencia a la ley Celaá y toda la polémica que está levantando.

–¿Qué balance hace de ese tiempo?

–Estoy satisfecho de la labor que venimos desarrollando, pese a este período de pandemia que ha frenado nuestras iniciativas. A la labor preceptiva del Consejo, informar, entre otras cosas de los decretos y leyes que emanan de la Consejería y elaborar el informe anual del Estado de la Educación y el de Coeducación, tenemos autonomía y la hemos ejercido, para organizar jornadas, encuentros, foros o crear grupos de trabajo con el objetivo de tomar el pulso de nuestra educación y ofrecer propuestas a la Consejería. Ha sido poco más de año y medio con una gran intensidad.

–Hablando de propuestas a la Administración educativa, ante esta situación que ha supuesto un terremoto social y también educativo, ¿han presentado sugerencias a la Consejería de cara al curso 2020-2021? ¿Las han seguido?

–Sí, presentamos un informe con doce medidas, recabado por todos los consejeros que quisieron participar y aprobado por unanimidad en la Permanente: hablábamos de repasos, desdobles, semipresencialidad, atención singular al alumnado NEAE, cierta flexibilización organizativa, refuerzo de la orientación, dotación tecnológica suficiente... La Consejería es sensible al sentir de la comunidad educativa y presta oídos en la medida que le es posible. Lógicamente el Consejo es un órgano consultivo y no puede pretender que sus dictámenes sean norma, porque ocuparía el espacio que es competencia de la Consejería.

–¿Cómo valora que en Granada los colegios sigan abiertos mientras se han cerrado los negocios no esenciales?

–Bueno, eso no es una decisión caprichosa de la Consejería de Educación y Deporte. Detrás contamos con informes técnicos, la propia Consejería de Salud y Familias de la Junta y la praxis de todas las comunidades de nuestro país y del mundo. Salvo cuando se decretó el confinamiento domiciliario, la presencialidad ha vuelto y parece con buen criterio. Ante esa dicotomía que me presenta la opción que se ha escogido es la misma que se ha llevado a cabo por todos sitios.

–¿Son seguros los colegios?

–Es imposible garantizar la seguridad al 100%, pero podemos decir que son seguros. Ello gracias a un trabajo serio desde muchos ángulos. Permítame que cite expresamente la labor de los equipos directivos, del profesorado y de un alumnado que ha respondido adecuadamente ante esta amenaza global. Las profecías calamitosas que se anunciaron al inicio han caído con estrépito.

–Los directores se quejaron a comienzos del curso de un sobreesfuerzo por falta de planificación, lo que se unió a los problemas en los comedores escolares. ¿Cómo ha vivido el comienzo de curso la comunidad educativa?

–Para tratar esta pandemia no existía un libro de instrucciones y todos hemos ido aprendiendo y desaprendiendo. Es verdad que sobre los equipos directivos ha caído una especial responsabilidad, pero es que no encontramos dos centros iguales: en dotación de personal, niveles a los que se dirige, instalaciones. Por ello, tomando como base las instrucciones elaboradas por la Consejería, han tenido que acomodarlas. Y también, cuando se han producido errores, que los ha habido, se han intentado corregir porque ha habido detrás buena voluntad, mucho trabajo y una dosis alta de empatía.  En relación a los problemas de comedor, como sabe, el servicio depende en gran medida de empresas que tenían subscritos contratos con la Administración. Cualquier renuncia comunicada sin posibilidad de reacción provocaba un serio revés. Los protocolos administrativos tienen también sus tiempos que a veces desesperan a los propios gestores. Pero el esfuerzo por restablecer el servicio con la mayor celeridad le aseguro que ha sido enorme.

–Usted está en contacto directo con los docentes y los padres de alumnos. ¿Cree que hay un consenso general en la necesidad de las clases presenciales?

–Sin duda. Tener que hacer por obligación la enseñanza telemática nos ha llevado a comprender el carácter insustituible de la presencialidad. El contacto con el otro, sin mediar una pantalla, es absolutamente imprescindible para el sano desarrollo social, cognitivo y emocional de nuestros alumnos y alumnas. Pero, también hay que reconocer que el matrimonio obligado a formalizarse ha llegado para quedarse.

–En este sentido, ¿qué balance hace de las clases online del primer confinamiento? ¿Estaba la enseñanza preparada para este reto?

–Evidentemente las tecnologías han sido grandes aliadas del proceso educativo. Nos tuvimos que acostumbrar de golpe y hemos salido del órdago bastante bien. Pero a nadie escapa que ha habido lagunas, motivadas por circunstancias muy diversas, y se han provocado desajustes en la formación. Por eso en este curso se ha insistido en el refuerzo para lograr los objetivos fijados. Ahora contamos con la dotación tecnológica necesaria, con las plataformas debidamente preparadas para poder ser utilizadas simultáneamente por miles de personas, por un profesorado que ha aprendido también una forma distinta de docencia… En definitiva, estamos entrenados para saltar de un modelo a otro si fuera necesario.

–Las crisis pueden servir para repensar modelos y avanzar. ¿Qué nos está enseñando esta crisis del Covid?

–Nos ha enseñado a derribar dogmas. A partir de este momento nuestras seguridades en todos los ámbitos han sufrido un enorme golpe. El ego de occidente ha quedado profundamente lastimado. Por otro lado, hemos descubierto por vía de los hechos que todos somos actores, y actrices, en el proceso educativo, evidentemente con distintos papeles. Jamás la educación ha ocupado tanto titulares y provocado tantas preguntas. Y finalmente espero y deseo que esta pandemia nos ayude a repensar nuestro modo de vida y los valores que la mueven.

–En cuanto a la nueva ley Celaá, ¿cree que supone un ataque a la enseñanza concertada?

–Todo arranca de cómo se entienda la red concertada, si como subsidiaria o como complementaria de la red pública. Personalmente creo que es complementaria. Si se interpreta como subsidiaria, caso de la ley Celaá, a renglón seguido se elimina el criterio de demanda social y se pone en riesgo el futuro de estos centros. Hay que buscar el equilibrio entre demanda y planificación, pero no parece justo conceder estatus de provisionalidad a una educación tan implantada y valorada en nuestro país.

–Desde hace décadas se habla de un gran pacto por la educación, pero esta nueva ley está abocada a ser también suprimida en cuanto haya un cambio de gobierno. ¿Esto nos separa más de otros modelos europeos donde hay un consenso cerrado en este tema?

–Hay países, es un clásico referirse a Finlandia, pero hay más en zona Champions, donde la normativa educativa tiene más consistencia y se alarga en el tiempo. No nacen hoy para morir mañana. En nuestro país nos encontramos con alumnos que entraron en el sistema educativo con la LOE, continuaron con la LOMCE y van a terminar en el IES o FP con la LOMLOE. Es una auténtica barbaridad. Y permítame que le diga que soy muy pesimista con el pacto educativo. Es una palabra manida, que ha perdido frescura de tanto usarla sin deseo. Ningún partido, y me voy a referir especialmente a los dos grandes que se han ido alternando en el gobierno de nuestro país, han tenido interés real en llegar a un acuerdo estable en Educación. Así lo dice la experiencia vivida. Y ahora, con un Parlamento tan fragmentado, alcanzar ese pacto se antoja misión imposible.

–El Consejo Escolar creó una comisión de calidad educativa para enviar propuestas de mejora a la administración. ¿Hay ya algunas propuestas concretas?

–Esta situación que estamos padeciendo ha ralentizado su desarrollo. Sí le puedo decir que hemos acotado el campo de estudio a tres aspectos, siguiendo pautas del Consejo Escolar del Estado: abandono temprano, fracaso escolar y prácticas de éxito educativo. Sobre esa terna estamos elaborando un cuestionario que enviaremos a todos los centros educativos de Andalucía, porque queremos que las propuestas obtengan el refrendo de quienes tienen un especial protagonismo. Por otro lado, ese grupo que en su inicio tenía un perfil técnico, dada esta situación, se ha visto oportuno ampliarlo para dar cabida a sindicatos, padres y patronales educativas.

–La posible supresión de los cursos de primero y segundo de ESO en 51 colegios de la provincia fue el gran debate educativo antes de la pandemia. ¿En su opinión hubo un fallo en la comunicación como defendió el consejero Imbroda?

–Sabemos que cerrar un centro rural significa asestar un golpe de muerte a la supervivencia de un pueblo. Por otro lado, la Administración debe ser rigurosa con el gasto público. Se estaba estudiando la situación caso a caso, como ocurre cada año cuando la Administración educativa tiene que planificar, pero no había decisiones tomadas. Parece claro que se trasladó una información sin el debido soporte.

–El Consejo elabora anualmente el informe sobre el estado de la educación en Andalucía. ¿En qué línea irán este año?

–Los informes sobre el estado de la educación en Andalucía son asépticos y no entran en valoraciones. Se trata de exponer la situación con la mayor precisión de modo que el informe se convierte en un instrumento imprescindible para tener en una publicación o en un archivo la foto completa de nuestro sistema. Se hace con dos años de retraso (acabamos de aprobar en Pleno el informe del curso 17-18) porque esperamos la salida del Informe que elabora el Consejo Escolar del Estado y así podemos enriquecer nuestro texto comparando nuestros datos con la media nacional y con los ofrecidos por otras Comunidades. Sé que no soy original, pero sólo expresar el deseo de que pase cuanto antes esta pesadilla y tengamos pronto una vacuna que cambie internet por una cafetería, o un cine, el codazo por un abrazo y las mascarillas se reserven para Halloween.