El equipo jurídico de Francesco Arcuri, el padre de los hijos de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) condenada a cárcel por la sustracción de los menores en el verano de 2017, no ha entrado a discutir el derecho de la progenitora a solicitar su propio indulto y que "el Ministerio de Justicia esté obligado a tramitarlo", si bien ha lamentado "el bochornoso espectáculo" de colectivos y partidos para defenderlo, lo cual conlleva a su parecer una "continua difamación" al progenitor.

En un comunicado, los letrados han señalado este martes que los dos niños "son la única y exclusiva motivación" del progenitor, que desde hace cuatro años, tiene la custodia por decisión judicial, y que el derecho a pedir el indulto de Rivas y la obligación de tramitarlo son "dos cuestiones que no admiten réplica".

Sin embargo, "con la excusa de defender dicho indulto, asistimos atónitos al bochornoso espectáculo que están brindando numerosos colectivos, determinados partidos políticos", o "colaboradores de medios de prensa" reflejado en "la continua difamación que viene sufriendo" Arcuri, han agregado.

En cuanto a la repetición "a modo de mantra" de que "en estos más de cuatro largos años, la señora Rivas, según parece, no ha sido escucha", han resaltado el "casi centenar de resoluciones judiciales que se han venido sucediendo en las decenas de procedimientos judiciales a los que, tanto en España como en Italia", ha abocado la madre de Maracena a su ex pareja, y que, "sin excepción, han sido prácticamente unívocas en no dar la razón" a la progenitora, que, además, "disfrutó de cientos y cientos de horas de exposición pública".

A ello han sumado "toda la maquinaria personal y mediática de determinados partidos políticos instalados en el Gobierno de España, que incluso, ahora, desde sus carteras ministeriales se convierten en alentadores de esta continua agresión al señor Arcuri, y todo hay que decirlo, al Estado de Derecho", han remachado. 

Asimismo, el Ministerio de Interior, según han precisado, emitió la instrucción 6/2020, denominada "protocolo de ingreso directo en medio abierto", destinado, entre otros, a centros vinculados a Instituciones Penitenciarias, como el de inserción social de Granada, "perfectamente aplicable al cumplimiento de la privación de libertad por parte de la condenada".

Dicho protocolo le permitiría, "en un breve espacio de tiempo, acceder al tercer grado penitenciario, siempre, claro, que aquella aceptara ingresar dentro del plazo voluntario, ya que uno de los requisitos principales, satisfacer la indemnización a favor del perjudicado" ya habría sido depositada en la cuenta designada al efecto por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, según ha anunciado la defensa de Rivas este martes.