Los escoltas de Pérez ejercen sin autorización fuera de la capital

La Subdelegación del Gobierno precisó ayer que no le consta que los agentes de la Policía Local que se encargan de la seguridad del presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, tengan autorización del Ministerio del Interior para ejercer fuera del término municipal de Granada. Supone un nuevo capítulo de la polémica que se ha desatado entre el PSOE y el PP por la custodia del presidente de la institución provincial.

La Subdelegación emitió ayer una nota en la que recordaba que era el artículo 51.3 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el que regulaba la seguridad de las autoridades. En concreto, especificó que "para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales es necesaria la autorización expresa del Ministerio del Interior para que la Policía Local actúe fuera del término respectivo cuando ejerza funciones de protección de autoridades". Añade que así se ha pronunciado la Abogacía del Estado en un informe.

Pues bien, la misma Subdelegación explicó que no le consta solicitud de autorización para que los agentes del grupo de Seguridad Corporativa presten funciones de protección a Sebastián Pérez fuera de la capital. Viene a decir que los policías que acompañan al presidente de la Diputación por ejemplo a Baza están fuera de su ámbito.

La institución que representa al Gobierno Central también aclaró que no ha emitido ningún informe favorable para autorizar la seguridad de Pérez, principalmente, porque dice que no es su competencia. Sí que lo es conceder permiso a los agentes a vestir de paisano. El 28 de julio dio validez a la propuesta de que un grupo de funcionarios policiales trabajara de paisano.

Fue la respuesta al escrito en el que el Ayuntamiento de Granada solicitaba que determinados policía pudieran realizar sus servicios sin uniforme, "sin que en ningún caso, se especificara el destino de los agentes", apuntó la Subdelegación del Gobierno.

El portavoz del equipo de Gobierno de la Diputación, José Torrente, denunció ayer la utilización del subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, de su cargo para seguir la estrategia electoral que le marca el PSOE. "Ha dejado su papel de árbitro institucional para convertirse en un ariete contra el presidente de la Diputación por el exclusivo hecho de ser militante del Partido Popular".

El diputado cree que el subdelegado, de haber tenido alguna objeción para dar su visto bueno a la autorización solicitada por el Ayuntamiento de Granada, "debería haberla puesto sobre la mesa en su momento, cuando esta autorización se solicitó, y no salir ahora a colación de la estrategia socialista utilizando la seguridad de los altos cargos para hacer de ello debate electoral".

El secretario de la Junta de Personal del Ayuntamiento Francisco Ramírez, del sindicato SIP-AN, opinó que el gasto de los agentes que vigilan a Pérez debería abonarlo la Diputación y no el Ayuntamiento.