El exalcalde de Castril por el PSOE, Juan José López Ródenas (conocido como Juan Mar), ha defendido durante la vista judicial en la que se le acusa de prevaricación por la concesión a un familiar de una subvención para rehabilitar su vivienda, que la solicitud “cumplía todos los requisitos necesarios”; que el proceso había sido avalado por los técnicos; y que la causa se ha realizado “en base a suposiciones”. Durante el juicio, que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal 4 y que quedó visto para sentencia, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares –ejercidas por el Ayuntamiento de Castril y por Miguel Ortiz– mantuvieron su petición de ocho años de inhabilitación.

El recorrido por los juzgados de Juan Mar, por su etapa como socialista al frente del Ayuntamiento de Castril, continuó ayer con el juicio por el que se le acusa de haber prevaricado a la hora de realizar una concesión de ayudas públicas que se remontan al 2008.

En el mes de mayo de ese año, el Ayuntamiento de Castril firmó con la Consejería de Obras Públicas un acuerdo para que una serie de viviendas del municipio pudieran acceder a una subvención procedente del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2017. Las ayudas estaban destinadas a la rehabilitación de infraviviendas a las que una prima del exalcalde solicitó adherirse para habilitar una vivienda propiedad de sus padres –tíos de Juan Mar– que ella tenía alquilada.

Pese a que según mantienen las acusaciones, la solicitud “no cumplía los requisitos exigidos”, en un pleno de junio de ese mismo 2008, Juan Mar votó a favor de aprobar la relación de viviendas de los beneficiarios, entre la que se encontraba la de su prima, con lo que pudo realizarse la rehabilitación de la misma, pese a que “nunca ha sido habitada”.

En concreto, entre otras cuestiones se exigía que la vivienda fuese la residencia habitual del solicitante. Sin embargo, las acusaciones mantuvieron durante la vista que la vivienda “se encontraba deshabitada”, así como que la realidad era que la prima de Juan Mar residía en Cataluña, donde incluso tenía su trabajo. De hecho, tal y como indicaron fuentes del caso, esto habría sido constatado a través de un informe de la Guardia Civil, así como por la empresa de auditores contratada por el Consistorio para elaborar una auditoría tras el cambio en la Alcaldía.

Sin embargo, durante el juicio, el que fuera alcalde de Castril, que sólo contestó a las preguntas de la Fiscalía y de su defensa, afirmó que su parentesco no lo obligaba a abstenerse en la votación y que su familiar “cumplía” los requisitos según los técnicos municipales que tramitaron la solicitud, en la cual, según dijo, él no intervino.

Pese a ello, tal y como pudo saber este diario, su prima habría admitido durante la declaración ante el juez –la realizó por videoconferencia al encontrarse en Cataluña– que supo de esta subvención por el propio Juan Mar.

Así, el exalcalde de Castril, que confía en que la causa sea archivada, mantuvo que la acusación se había realizado “en base a suposiciones” y “sin que existan pruebas”. Algo que se contradice con lo expuesto por las acusaciones, que mantienen que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación por el que le piden ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.