El 90% de los examinadores de Tráfico de Granada han secundado esta mañana la huelga convocada a nivel nacional ante el conflicto generado a cuenta del complemento específico que reclaman estos funcionarios. En total, 13 examinadores han apoyado este paro que, finalmente, ha sido suspendido durante la tarde.

Según explicó ayer el portavoz de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) de Granada, Javier Silva, los examinadores han dado una tregua al Gobierno ante su intención de realizar el pago de toda la anualidad comprometida y que asciende a 3.500 euros extra mediante productividad durante este mes.

No obstante, Silva asegura que si estas cantidades no se configuran como un complemento específico (más estable frente a la productividad que es de carácter puntal) volverán a convocar la huelga.

Asextra detalló a través de un comunicado que tanto la DGT como el comité de huelga “reconocen que el acuerdo suscrito por ambas partes, es una solución transitoria hasta la consecución de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con el complemento retributivo correspondiente al específico".

Además, remarcan que “esta desconvocatoria se produce por un acto de buena fe, una vez más, del colectivo examinador en aras de dar un buen servicio al ciudadano”.

Por otra parte, el colectivo “agradece y reconoce el esfuerzo y trabajo del Director General de Tráfico en favor de lo que él también considera que es justo y que no se ha conseguido”.

Por último, el comité ha asegurado al director que si en el primero semestre del año 2019 no se modifica la RPT el colectivo examinador iniciará nuevamente el conflicto laboral.

Examinadores de Granada y del resto de Andalucía de camino a Madrid.

Examinadores de ciudades de toda España, incluida Granada, participaron ayer en una manifestación en Madrid. Allí, el presidente de Asextra a nivel nacional, Joaquín Jiménez, ha dicho que el incremento retributivo no se ha ejecutado aún porque el anterior Gobierno del PP no introdujo una disposición transitoria en la Ley de Presupuestos que eximiera del cumplimiento obligatorio que tienen todos los funcionarios de que su tope salarial no supere el 1,5% en 2018.