Los facultativos del SAS empiezan a acogerse a la jubilación a los 67 años

La jubilación a los 67, ese dragón de perfil impreciso que se pasea últimamente por las grandes agendas políticas, es una realidad que se está implantando sin demasiadas estridencias en la primera Administración sanitaria del Estado, el SAS. Los facultativos (médicos, psicólogos, farmacéuticos, veterinarios) que trabajan para esta organización de la sanidad pública andaluza pueden de modo generalizado desde enero, al cumplir los 65, prolongar su actividad laboral en sus centros de trabajo dos años más.

La norma básica estatal que regula este asunto para el personal sanitario -el Estatuto Marco de 2003- establece la jubilación obligatoria a los 65, salvo excepciones a las que puede aplicarse una prórroga máxima hasta los 70 años. El SAS, a finales de 2010, decidió ofertar de modo generalizado y voluntario seguir en activo hasta los 67 a su personal facultativo. Las perspectivas de demografía médica, que anuncian un déficit de profesionales en determinadas especialidades, sobretodo a partir de la próxima década, y el contexto de la crisis económica, que limita al 10% la tasa de reposición de bajas profesionales en la Junta de Andalucía, son dos elementos que contribuyen a explicar esta decisión. La orden administrativa correspondiente entró en vigor el pasado 1 de enero. En este primer mes del año, de los 21 facultativos del SAS que cumplían 65 años, algo más de la mitad, una docena, se han apuntado a echar un par de añitos más en el tajo público. Quienes han tomado esta decisión son dos facultativos de la especialidad de Cirugía General y Aparato Digestivo; uno de Nefrología; uno de Dermatología; dos de Obstetricia y Ginecología; dos de Pediatría, tres de Medicina Familiar y Comunitaria y un especialista en Oflatmología. Los nueve facultativos del SAS a los que les tocaba jubilarse en enero y que han optado finalmente por hacerlo pertenecen respectivamente a las especialidades de Aparato Digestivo, Medicina Intensiva, Medicina Interna (dos), Obstetricia y Ginecología, Radiodiagnóstico, Cirugía Torácica, Pediatría y Medicina Familiar y Comunitaria.

Para José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud, se trata de un asunto de demografía médica y de ordenación de recursos humanos a entender en un contexto "planificado". "No hemos tenido que desarrollar ninguna herramienta jurídica para gestionar una excepción que está prevista en el Estatuto Marco", dice Rocha. "Pero tenemos claro que esta medida es reversible". Dejando al margen los imponderables asociados a que un buen día las administraciones autonómicas se desayunen una nueva norma básica sobre la edad de jubilación, la Consejería de Salud puede cerrar esa posibilidad a su criterio. Pero, más bien, lo que los gestores de la sanidad pública andaluza tienen en la cabeza es, precisamente, la exploración de la posibilidad normativa de que esa opción pueda ofertarse en contextos donde se entienda que es necesaria y no de manera generalizada: "Queremos aproximarnos con la mayor precisión posible a los casos concretos: para qué tipo de especialista y en qué centro concreto es necesario ofrecer el retraso de la jubilación", dice Rocha. Eso incide sobre el funcionamiento de las bolsas de contratación y tendría que negociarse con las centrales sindicales de la mesa sectorial de SAS. Harina de otro costal. Por ahora, a Rocha le salen las cuentas del relevo generacional. Al menos hasta 2015. A partir de ahí, se prevén huecos, que se intentan tapar desde ahora con medidas como el incremento de los estudiantes de Medicina y de las de plazas de residentes.