La familia Lorca está dispuesta a dar ADN cuando se abra la fosa de Alfacar

"Llegado el momento, si este proceso sigue adelante, sí que nos planteamos dar ADN. Porque la identificación de los restos de Federico se haría de esa forma". Son palabras de Laura García-Lorca, portavoz de los herederos del poeta que, ante la inminente apertura de la fosa de Alfacar en la que yacen los restos de su tío -supuestamente enterrado junto a los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas y el maestro Dióscoro Galindo-, reiteran su deseo de que no se remuevan los restos del poeta, si bien piden de forma subsidiaria a la Consejería de Justicia poder solicitar la identificación y disponer de los mismos si el proceso de exhumación se lleva a cabo, así como el ejercicio "de cuantas acciones y derechos" pudieran corresponderles.

Así consta en la tercera y última de las alegaciones presentadas el pasado viernes por la familia a la Administración andaluza en un escrito que ayer fue facilitado a los medios de comunicación. Un documento de siete folios en los que los herederos, además, piden a Justicia que considere la posibilidad de habilitar los terrenos donde se encuentran las fosas como "un lugar legalmente autorizado para el enterramiento", facilitando el "reconocimiento y protección de la totalidad de las víctimas que allí yacen".

Y es que, según explicó ayer a este periódico Laura García-Lorca, el gran miedo de la familia es no saber "qué va a pasar con los restos de Federico y de todos los demás". Porque, "una vez entendido exactamente en qué consiste el proceso y qué es lo que manda la ley", la portavoz valora que si la apertura de la fosa se lleva a cabo tal como lo estipula la norma hoy día tendrá por resultado "una clasificación de tres clases de muertos".

"Los que sean identificados por sus familiares, que dispondrán de sus restos; aquellos cuyos restos no sean identificados, que serán trasladados a una segunda fosa, esta vez en un cementerio municipal; y, finalmente, aquellas que por estar enterradas en fosas que no han merecido el interés de la Asociación solicitante, permanecerán en aquel lugar sin protección alguna, al albur de las decisiones que en un futuro puedan adoptarse sobre la suerte de los terrenos. ¿Es eso lo único que podemos esperar?", señalan los herederos en el escrito.

Sobre este punto, Garcí-Lorca comenta que Francisco Galadí sería identificado en base a la solicitud promovida por su nieto y, puesto que Francisco Arcollas no tiene familiares y que Dióscoro Galindo no será identificado porque la Junta ha ponderado la petición de sus descendientes biológicos, "sólo la familia de Galadí tiene derecho a reclamar los restos y, por lo tanto, podrá disponer de los mismos para enterrarlos donde desee".

Respecto a las peticiones para exhumar los restos de Fermín Roldán y Miguel Cobo Vílchez, cuyas familias sostienen que podrían estar enterrados en la misma fosa común, expresó su extrañeza, ya que "no hay nada estudiado sobre esto" y las investigaciones de peso "hablan de cuatro fusilados". Por ello, entiende que en este momento, y después de todo lo que se ha dicho, "sólo es una persona, que es el nieto de Galadí, quien tiene el derecho a solicitar la exhumación de su abuelo".

En segundo lugar, tal y como considera la directora del futuro Centro Lorca, se sitúan "los restos que se encuentren en ese proceso". Respecto al destino final de los mismos, la ley marca que tendrán que ir a una fosa del cementerio más cercano, en este caso al de Alfacar. Esta cuestión preocupa mucho a la familia Lorca, puesto que su deseo es que los restos de su antepasado sean devueltos al lugar en el que sean encontrados.

Así, aunque fuentes de Justicia han asegurado que contemplan una excepción para que, en base a un acuerdo con la familia, este extremo pueda ser llevado a cabo, Laura considera que esto "sólo es una intención", por lo que habría que adoptar "un acuerdo legal entre las administraciones competentes", en este caso la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Alfacar y la Junta. Pero a fecha de hoy, y al no haber solicitado sus familiares la exhumación de Lorca, la ley marca que "los restos no identificados tienen que ir a una fosa en el cementerio de Alfacar".

En tercer lugar, según relata, estarían "todas las fosas que no está previsto abrir" y en las que hay miles de muertos. "Sobre estas fosas no hay nada dicho, aunque la ley sí estipula que después de 30 años de producirse las muertes esos terrenos pueden quedar libres a la especulación, la edificación o lo que sea".

Y así, bajo su punto de vista, en nombre de la Memoria Histórica "se está dividiendo los muertos en estas tres categorías", lo que la familia Lorca "hemos querido evitar desde el principio". Por ello, han solicitado a Justicia que la zona sea declarada cementerio, lo que incomprensiblemente no ha ocurrido en estos 70 años. "En este proceso tan inminente, ¿cómo una Ley de la Memoria Histórica no ha tenido en cuenta al conjunto de las víctimas?", se pregunta.

De esta forma, y aunque la familia no logre finalmente que la fosa de Alfacar no se abra, si a través de estas alegaciones a las que tendrán que dar respuesta los técnicos de Justicia consiguen que el barranco de Víznar, donde yacen alrededor de 3.000 fusilados, sea un lugar de memoria de todas las víctimas, sin distinción alguna, "ya habremos logrado algo muy importante ".

Una vez que ha finalizado el plazo de ampliación abierto por Justicia para presentar alegaciones, el total de documentos presentados -incluyendo el escrito de la familia Lorca- asciende a siete. Así lo señalan fuentes de este departamento, que no precisaron ni el contenido de las alegaciones ni su procedencia. Fue el pasado jueves cuando concluyó oficialmente el plazo de presentación, si bien la consejera de Justicia, Begoña Álvarez, ya anunció que se había fijado una breve prórroga hasta comienzos de esta semana y que no sería hasta ayer lunes cuando podrían conocerse con exactitud las alegaciones, puesto que podían entregarse en una administración distinta a la Junta de Andalucía. Sin embargo, hace semanas trascendió que la nieta del maestro republicano, Nieves Galindo, envió otro escrito a la Junta contrario a la exhumación al entender que ésta se convertiría en un "circo mediático" y que no es necesario hacer más trámites, puesto que ya se sabe dónde está enterrado su abuelo. También el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (Rmhsa), de CGT-A, ha pedido la exhumación del banderillero anarquista Joaquín Arcollas, al considerarse su "familia ideológica" y ha solicitado, en consecuencia, que le sean entregados sus restos. También la Unión Nacional de Banderilleros ha solicitado la exhumación de Arcollas.

Además, Justicia sí ha estimado la petición de exhumación formulada por los familiares del que fuera inspector de abastos Fermín Roldán, que consideran que también podría estar enterrado en la misma fosa, y del restaurador granadino Miguel Cobo Vílchez, que podría encontrarse en una ubicación cercana.