"Debemos condenar y condenamos a los procesados (...) Virgilio Castilla Carmona, como autores de un delito de rebelión a la pena de muerte; (...) y a Virgilio Castilla Carmona, sin perjuicio de la pena anteriormente impuesta, como autor de un insulto de obra (delito) a la fuerza armada, y para caso de indulto de la primera, a la pena de muerte". Es el párrafo fatal que selló el destino del presidente de la Diputación de 1936, Virgilio Castilla. La sentencia del consejo de guerra dictaminó que fuera fusilado y se eligió la tapia del cementerio municipal para el punto final de esta historia.

Pero ahora, la familia de Virgilio Castilla quiere que se repare su memoria. La ley que ha sido aprobada posibilita el anhelo que durante años ha guiado los pasos de su hijo por los archivos donde pudiera haber algún documento relacionado con la suerte del malogrado presidente de la institución provincial. Hasta ahora, explica el abogado que ha elaborado la reclamación, José Miguel Castillo Calvín, era necesario que un tribunal sentenciase que la condena emitida por el consejo de guerra era injusta. Ahora, con el reconocimiento explícito de esa injusticia en el texto de la conocida como Ley de Memoria Histórica, además de simplificar trámites, explica Castillo Calvín, los hijos de Virgilio Castilla serán los primeros de España en pedir el dictamen de reparación una vez se publique la ley en el Boletín Oficial del Estado, BOE.

Para conseguirlo, el hijo de Virgilio Castilla, José Castilla, lleva años buscando la documentación referente al expediente 43/1936, el que encierra la muerte del que fuera presidente de la Diputación. Y en esa búsqueda, ha llegado a tener en sus manos todos esos documentos: desde el acta del pleno en el que se le nombra presidente de la institución provincial hasta la sentencia del consejo de guerra que lo condeno dos veces a muerte. También recuperó el certificado de defunción. Curioso certificado, por cierto, ya que da fe de la muerte de Castilla "en virtud de orden de Don Santiago Taboada, coronel juez instructor de esta plaza, consignándose además que se ignora si ha testado". La causa de la muerte, según el registro civil de defunción, es "a consecuencia de disparos por arma de fuego".

La detención de Virgilio Castilla se produjo dos días después de que el Ejército se alzase, el 18 de julio de 1936, en las dependencias del Gobierno Civil, entonces en la calle Duquesa. Según se relata en la sentencia del consejo de guerra, "los mencionados procesados -la sentencia hace referencia únicamente a Castilla, por lo que extraña la formulación en plural durante el texto-, fuertes en las dependencias del Gobierno Civil, en cuyos locales tenían establecido el centro de donde emanaban las órdenes a los distintos sectores extremistas que operaban en la plaza y la provincia, (...) excitó a la policía gubernativa a que hiciera fuego contra el Ejército". Esa orden, asegura la sentencia, fue impedida por un oficial de seguridad. "En el momento en el que las fuerzas entraban en el Gobierno Civil, Virgilio Castilla salió hacia las escaleras de dichas dependencias y llevando una pistola en la mano, disparó con ella contra el comisario de guerra, señor Valdés, no haciendo blanco". Fue detenido. Durante el proceso que culminó con la sentencia de muerte, Castilla no tuvo abogado defensor. Es más, llegó a solicitar en varias ocasiones un careo con el militar al que, supuestamente, había disparado. Sin embargo, él siempre mantuvo que no disparó y que entregó la pistola al capitán Nestares, presente en la detención y que fue el que realmente tomó el Gobierno Civil. Durante el proceso, Castilla solicitó en varias ocasiones un careo con dicho militar que nunca se celebró porque adujeron que estaba en el frente que la guerra mantenía abierta en la provincia.

Castilla pasó 12 días en prisión sabiéndose muerto. El 1 de agosto fue juzgado y condenado en un juicio sumarísimo. El 2 de agosto terminó a balazos su vida. Después, la familia siguió sufriendo las consecuencias de la sentencia que no sólo costó la vida a Castilla. A la tienda de la familia, que Virgilio tenía junto a su padre y hermano Luis, Confecciones Castilla, se le impuso una multa por Responsabilidades Políticas de 250.000 pesetas del 36. Para garantizar el pago, le fueron embargados por un interventor militar los bienes a la familia hasta 1939, cuando la deuda se canceló.