Una familia de Granada logra en los tribunales el perdón de sus deudas

Una familia granadina ha recibido una resolución que les permite salir de una situación de asfixia económica sin perder su vivienda. El Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Granada aprobó la exoneración de 119.018,74 €, permitiendo que los deudores mantengan su hipoteca y continúen pagando su casa.

Detrás de esta resolución hay una historia que va más allá de los números. Se trata de una familia que, en un momento de estabilidad, accedió a varios préstamos para cubrir necesidades cotidianas y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, la pérdida de parte de los ingresos del hogar transformó esa normalidad en un laberinto de pagos imposibles. Con un solo sueldo destinado a cubrir alimentación, suministros básicos y gastos de subsistencia, la deuda creció hasta convertirse en una amenaza para su futuro.

“Cuando la deuda deja de ser una herramienta de desarrollo y se convierte en un muro que bloquea el porvenir de una familia, se rompe la confianza en el propio sistema económico”, explica José Domínguez, letrado de la Asociación Ayuda al Endeudamiento, que tramitó el procedimiento.

El caso ilustra cómo las resoluciones judiciales pueden actuar como mecanismos de restauración de confianza colectiva. El valor económico no reside únicamente en el capital pendiente de pago, sino en la capacidad de los agentes de seguir participando en el ciclo productivo y de consumo. Al liberar a esta familia de la carga que impedía esa participación, la justicia reordena las prioridades del sistema: primero las personas, luego los balances.

Según Domínguez, este tipo de decisiones envía un mensaje claro: “No se trata solo de cancelar deudas, sino de reconstruir el horizonte de posibilidades de quienes han quedado atrapados. Cuando las familias recuperan su estabilidad, vuelven a generar valor para todos: trabajan, consumen, pagan impuestos y contribuyen al tejido social”.

La importancia de esta resolución no se limita a los beneficiarios directos. Reafirma la idea de que el dinero y las obligaciones son expresiones de una confianza mutua que puede ser renegociada cuando las circunstancias cambian. Restituir la esperanza de un futuro posible es, en sí mismo, un acto de creación de valor.

La Ley de Segunda Oportunidad no es solo un instrumento legal; es un puente entre el pasado y el porvenir, que permite que quienes han caído puedan volver a integrarse en el mercado y en la sociedad. De este modo, se reactiva un círculo virtuoso donde el esfuerzo y la productividad vuelven a tener sentido. En un tiempo donde la economía se mide en expectativas tanto como en cifras, decisiones como esta reafirman que la verdadera riqueza de una sociedad está en su gente y en su capacidad de recomenzar.