La Fiscalía pide penas de tres años de cárcel para los cuatro miembros de una familia que montaron presuntamente una inmobiliaria ilegal en Granada con la que estafaron al menos 19.250 euros apalabrando pisos de segunda mano que no estaban en disposición de vender.

La trama gestionaba, según consta en el escrito de acusación del fiscal, la venta de inmuebles de segunda mano de "disponibilidad simulada" sobre los que lograban firmar precontratos o documentos de reserva con los clientes estafados, los cuales entregaban señales que oscilaban entre los 2.000 y los 3.000 euros, así como gastos de comisiones y gestiones adicionales.

Además de a la pena de cárcel, los acusados por este delito continuado de estafa no podrán ejercer actividades inmobiliarias de resultar condenados, y deberán devolver todo el dinero a las ocho personas perjudicadas que aparecen en el escrito de acusación del fiscal, entre ellas una mujer que pagó 1.500 euros a los acusados y cuya estafa le supuso además unos perjuicios cifrados en 5.255 euros.

Las actividades estaban destinadas a la "obtención de un lucro ilícito mediante una apariencia de actividades mercantiles profesionales", y se llevaron a cabo entre octubre de 2002 y junio de 2006.

En ese periodo, la situación de la empresa variaba con frecuencia ante la Seguridad Social, pues los acusados modificaban su situación administrativa pasando indistintamente de empleados a titulares de dicha empresa, que no consta que estuviera inscrita en el Registro Mercantil ni tuviera licencia municipal de apertura o presentara declaraciones tributarias.

En ocasiones, la trama utilizaba pisos de otras inmobiliarias llegando a exhibirlos "por medio de la participación involuntaria y ajena" de empleados de esas otras empresas. También usaban presuntamente algunas casas de segunda mano con cuyos dueños habían trabajado "en algún momento para realizar gestiones de venta" pero a los que no habían comunicado los resultados de estas operaciones.

Los acusados incluso se ofrecían a los presuntos estafados para negociar la financiación del inmueble que supuestamente les iban a vender y ponían, posteriormente, las presuntas denegaciones de las entidades financieras como excusa para no completar la venta ni devolver las cantidades entregadas como señal.

Los presuntos cabecillas llegaban a amenazar a los potenciales compradores con iniciar acciones judiciales cuando éstos reclamaban.