La familia del piquetero pide 189.000 euros de indemnización

Murió en 2008 en una huelga y ningún juez consideró que hubiera delito penal

Julio Cervilla murió durante una manifestación de transportistas en junio de 2008.
Julio Cervilla murió durante una manifestación de transportistas en junio de 2008.
Efe / Granada

15 de mayo 2011 - 01:00

El representante legal de la familia de Julio Cervilla Sojo, un hombre que formaba parte de un piquete de huelga y que murió en Granada arrollado por una furgoneta durante la movilización nacional de transportistas en junio de 2008, ha presentado por la vía civil una reclamación económica de 189.000 euros en concepto de indemnización por este fallecimiento.

La demanda de reclamación de cantidad por responsabilidad extracontractual ha sido presentada ante el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Granada después de que el juez instructor del caso sobreseyera la causa penal al no hallar ningún indicio de delito. Fue una decisión que indignó a la familia y que le llevó a apelar ese pronunciamiento.

No obstante, la Audiencia Provincial de Granada rechazó el recurso de apelación presentado por los familiares del hombre fallecido y llegó incluso a exculpar al conductor del furgón que atropelló al piquetero, considerando que no fue el responsable de su muerte.

Pese a estos pronunciamientos judiciales, para la familia siempre se trató de un caso de homicidio por imprudencia grave en el que no cabía contemplar en ningún caso la posibilidad de que se hubiera tratado de una conducta fortuita, ya que las maniobras que efectuó el conductor fueron "absolutamente gravísimas y atentatorias contra la vida humana".

Por todo ello, llegó incluso a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que tampoco fue admitido por el alto tribunal argumentado, en su escrito de rechazo, que el recurrente no había satisfecho "la carga consistente en justificar la especial trascendencia constitucional del recurso". Es decir, que el Constitucional no entraba en el fondo del asunto al considerar que las sentencias anteriores no habían vulnerado la Constitución, que es la norma por la que la última instancia judicial debe velar.

Cerrada la posibilidad de continuar el litigio por la vía penal, sólo restaba ya fijar la cuantía de la indemnización por el fallecimiento, que ahora se reclama por la vía civil a través de la demanda sobre reclamación de cantidad presentada y que se ha fijado en 189.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar en junio de 2008 en a las puertas de Mercagranada, en el término municipal de Atarfe, donde el fallecido, camionero de 47 años, formaba parte de un piquete informativo con motivo de la huelga de transportistas.

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