Granada

Cuatro familias con 15 menores, a la espera de ser desalojadas de la Azucarera

  • El Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada pretende paralizar la orden del juzgado con un Informe de Emergencia Social

Cuatro familias con 15 menores, a la espera de ser desalojadas de la Azucarera Cuatro familias con 15 menores, a la espera de ser desalojadas de la Azucarera

Cuatro familias con 15 menores, a la espera de ser desalojadas de la Azucarera

Cuatro familias con quince menores a su cargo y una persona anciana están a la espera de que el Ayuntamiento de Granada consiga paralizar su desalojo de la casa de guardeses ubicada dentro del recinto de la Azucarera de San Isidro de Bobadilla. Este desahucio que no tiene fecha de ejecución aún está intentando ser parado por el área de Derechos Sociales, gestionada por el concejal José Antonio Huertas y por el grupo municipal de Podemos-IU.

La forma de paralizar, por el momento, este desalojo viene por un Informe de Emergencia Social que están preparando desde Servicios Sociales, señaló el concejal Huertas. El edil cuenta con que será suficiente para su paralización, dado que la “emergencia social es importante por lo que se solicitará un aplazamiento” hasta que se encuentren otras opciones habitacionales para las familias. El problema de esto, explicó, es que se dedican a la venta de chatarra, por lo que necesitan tener un espacio abierto donde ubicarlas y vigilarlas.

Estas familias llevan ya un tiempo siendo atendidas por los Servicios Sociales desde el centro municipal de la Chana, que tienen escolarizados a los menores en la Ciudad de los Niños, donde tienen también oportunidad de asearse, explicó Huertas.

Esta familia, que provenía de la Zona Norte, llegaron a este lugar en “condiciones infrahumanas”, señaló Elisa Cabrerizo, concejal de Podemos-IU en el Ayuntamiento y parte activa de este intento de paralización. Comentó que algunos vecinos de Bobadilla se quejaron ante el área de Seguridad Ciudadana de que estas familias se habían instalado allí. En ese momento, señala la edil, fue cuando se le notifica de la situación al Banco Santander, propietario de este recinto tras la absorción del Banco Popular.

La orden de desahucio lanzada desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada dicta que estas personas deben abandonar el recinto donde viven desde hace unos dos meses y que está alejado del edificio industrial que tiene la certificación de Bien de Interés Cultural (figura jurídica de protección del patrimonio histórico español).

Al hilo de esto, Cabrerizo denuncia que “el edificio lleva 14 años hundiéndose en la miseria y nadie se ha dado cuenta de que es BIC hasta que han llegado cuatro familias a instalarse en esa casa”.

Por otro lado, el grupo jurídico de Stop Desahucios plantea interponer un recurso a la orden y Médicos del Mundo acompañará a las familias a recoger la sentencia para que el proceso no se entorpezca.

Explica Cabrerizo que esta historia viene de lejos, “la semana pasada se les cortó el agua” y desde Podemos-IU se le informó al área de Derechos Sociales que dio la orden de que la restablecieran al día siguiente.

El grupo municipal socialista denunció el deterioro de este lugar este mismo mes, haciéndose eco de las denuncias de los vecinos sobre la situación de deterioro bastante apreciable del complejo, a pesar de su condición de bien protegido.

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