El copago farmacéutico recaudará 17 millones de los jubilados granadinos

El Gobierno central aprobará hoy las medidas anunciadas el miércoles por la ministra de Sanidad Ana Mato para conseguir un recorte de 7.000 millones de euros en el sistema sanitario, un plan que impondrán a las comunidades autónomas y que incluye, entre otras medidas, el copago farmacéutico. El Gobierno del PP obligará a los jubilados -menos a los que reciben pensiones no contributivas- a pagar un 10% de los fármacos que consuman y al resto de ciudadanos a aumentar la cantidad que pagan del 40% actual al 50 y hasta el 60% para las rentas más altas.

La medida recaudatoria ha generado el rechazo de la oposición y de muchas asociaciones de consumidores, mayores y hasta de los farmacéuticos.

En la provincia de Granada, la medida hará que por primera vez en la historia 174.000 pensionistas tengan que pagar por las medicinas que consumen. En total, según los cálculos ofrecidos ayer por el diputado socialista y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, "el copago obligará a los pensionistas a pagar 17 millones de euros". Para el resto de la población al aumentar el porcentaje de pago de los fármacos tendrá que pagar 6 millones de euros más de lo que abonan ahora.

Según el PSOE, en Granada el año pasado el consumo de medicamentos fue de 230 millones de euros, de los que 171 millones fueron de fármacos consumidos por pensionistas, que ahora no tienen que pagar nada por sus tratamientos recetados. Una cantidad elevada porque las personas mayores suelen enfermar más y también tener más enfermedades crónicas que obligan a un consumo alto de fármacos.

Además, será un "engorro" porque al incluir un máximo de pago "si a los tres meses se ha pasado tendrá que reclamar lo que ha pagado de más". Por ejemplo, si un jubilado toma siete medicamentos y en tres meses paga 80 euros, se le va a devolver lo que pague de más pero lo tendrá que pagar de antemano.

Otro punto es el coste de la medida, que supondrá cambiar las tarjetas para incluirles un chip que incluya el dato del tramo de renta. Cada tarjeta puede costar 20 euros pero eso no lo ha cuantificado el Gobierno.

"Desde el punto de vista sanitario las decisiones tomadas por el PP, como el pago de medicamentos, no garantizan la sostenibilidad de la sanidad española. Los 7.000 millones que quieren ahorrar no son para sostener la sanidad sino para cumplir el objetivo de déficit que impone Bruselas, pero es una cantidad difícil de conseguir con estas medidas, por lo que auguramos nuevas decisiones en el futuro", explicó Martínez Olmos, que fue secretario de Estado de Sanidad del gobierno del PSOE.

Para el socialista, estas medidas "sólo generan más desigualdad y hacen vulnerable a la población". De hecho, dijo que Granada, con un importante número de pensiones bajas y con una media de 676 euros al mes "esta nueva imposición va a suponer la pérdida del doble de lo que subieron las pensiones". "Esto es un nuevo impuesto a las rentas del trabajo", aseguró.

"La medida, además, es injusta si se analiza en profundidad porque no es igual el que declara 30.000 euros al año que el que declara 25.000 pero tiene propiedades inmobiliarias y por ejemplo 500.000 euros en un fondo de inversión, aspectos que no se tendrán en cuenta para el pago, por lo que es injusta", criticó Martínez Olmos, quien dijo que el PSOE quiere la sostenibilidad del sistema, "que es viable tomando decisiones de mejora de la gestión". De hecho, los socialistas plantean otras medidas alternativas "que permitirían ahorrar 6.500 millones de euros sin tocar el copago y las prestaciones, como bajar la factura sanitaria con la subasta de medicamentos en toda España, que permitiría ahorrar 1.500 millones; centralizar las compras o gravar el tabaco y el alcohol. Medidas que podrían hacer viable el sistema sin recaer en el bolsillo de los ciudadanos", dijo.