El fiscal archiva la investigación sobre el hijo de García Raya

La Fiscalía Provincial de Granada ha archivado las diligencias de investigación penal que abrió el pasado 30 de enero para determinar si hubo alguna irregularidad en la colocación del profesor Ramón Gonzalo Rodríguez García, hijo de la portavoz socialista en la capital y ex delegada de Educación, Carmen García Raya.

La denuncia fue presentada dos días antes por la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), al considerar que se cometió un proceso irregular en la asignación de una plaza de bilingüismo de Geografía e Historia en uno de los centros más solicitados de la capital a pesar de que el docente quedó excluido del concurso celebrado en 2008 y tiene su plaza en propiedad en la localidad de Castillo de Locubín (Jaén).

En un decreto de cinco folios, el Ministerio Fiscal determina que "no se van a iniciar actuaciones de clase alguna al no estimar de los antecedentes suministrados la existencia de delito alguno". Eso sí, aclara que el denunciante puede reproducir su denuncia ante la autoridad judicial.

El fiscal aporta un único fundamento de derecho en el que determina que tras leer la documentación aportada por la Consejería "no queda acreditado que el nombramiento" del hijo de García Raya "se haya realizado prescindiendo absolutamente de la normativa existente y por lo tanto de una manera arbitraria y grosera, atributos necesarios para que una resolución administrativa pueda tener la consideración de prevaricosa".

La portavoz del PSOE se mostró ayer "satisfecha" por la actuación del fiscal. García Raya señaló que desde el primer momento había confiado en que la justicia "pusiera a cada uno en su sitio" y aseguró que la denuncia fue "malintencionada" y que "sólo pretendían hacerle daño" a su figura política.

En este sentido, la concejal socialista reconoció que aunque será difícil reparar el daño causado, con el archivo se demuestra lo que ella defendía desde que salió a la luz el caso, "siempre hemos estado tranquilos porque sabíamos que el proceso era totalmente transparente".

Sin embargo, una valoración muy diferente hace del archivo la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA). Así, apunta que el informe de la Consejería de Educación incluido en la providencia es "sorprendente" por varios motivos.

El primero de ellos, según la asociación, es que "no alude en ningún momento a la justificación difundida por la ex delegada, la consejera y UGT cuando saltó el escándalo", ya que "ni se cita el presunto error administrativo cometido (la pérdida del expediente del solicitante), ni la presunta solicitud a plazas de Música y de Geografía e Historia".

De igual modo, destaca que "tampoco se habla lo más mínimo del presunto recurso de reposición al que se refirió UGT en su momento". Según recuerda APIA, "la misma versión fue dada, y consta en acta, por el Jefe de Personal de la Delegación de Granada ante la Junta de Personal Docente".

Por otra parte, en el informe de la Consejería "no se afirma en ningún momento que la solicitud incluyera petición para ocupar una plaza de Geografía e Historia", con lo que quedaría sin explicación alguna que un profesor de Música esté ocupando un puesto específico de otra especialidad.

Y es que, bajo el punto de vista de APIA, "el fiscal ha hecho una "reinterpretación de la norma legal, la convocatoria, y la ha convertido en una bolsa de interinidad para cubrir posibles sustituciones".

Por todo ello, la asociación anunció ayer que acudirá próximamente -está a punto de terminar el plazo del silencio administrativo al recurso de alzada- a la vía contencioso-administrativa "para restaurar la legalidad vulnerada en defensa de los legítimos intereses del profesorado de secundaria, al que representamos".