El fiscal pide la inhabilitación de Sanz por la gestión del Granada

El Juzgado de lo Mercantil de Granada acogió ayer la vista para determinar la responsabilidad de Paco Sanz y su equipo directivo en la situación financiera del Granada CF, que llevó al concurso de acreedores de la entidad por una deuda superior a los diez millones de euros. En el juicio se ha dado la "extraña" circunstancia de que los dos administradores concursales de la entidad han defendido versiones contrarias.

El administrador concursal Miguel Romero ha solicitado a José Miguel Martínez Galán, Francisco Sanz Durán y Raimundo Pérez Huertas la pena de dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y para representar o administrar a cualquier persona durante ese mismo periodo por considerar que son responsables de la situación económica en la que derivó el club. También solicita la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del club, así como la condena en costas del incidente de calificación del concurso. A esta calificación y amplitud de condena se ha adherido el Ministerio Fiscal.

Por otro lado, el otro administrador concursal, José Miguel Zurita, defiende la tesis contraria y asegura que Sanz y su equipo no son responsables. A esta versión se ha sumado el Granada C.F., que a través de su letrado, Javier López García de la Serrana, solicita la declaración del concurso como fortuito, es decir, que si causaron la situación económica fue sin querer.

El Granada C.F. se adhiere a esta calificación para "acabar cuanto antes" con esta situación y no dañar la imagen del club ya que si se condena a la directiva dos veces anterior a la actual se podría ver perjudicada la imagen actual del club por extensión de la noticia y la falta de entendimiento entre la población. Así, quieren defender que la situación fue fortuita y que no fue agravada dolosamente.

De hecho, ni Hacienda ni los acreedores se han personado como perjudicados.

El proceso concursal del Granada CF se abrió en 2009. En el análisis, los dos administradores concursales coincidieron en que no había responsabilidad en la junta directiva de Cuerva pero no así en el caso de Paco Sanz y su equipo.

Paralelo al proceso judicial -que es una pieza separada- se mantiene el procedimiento concursal, que comenzará en abril de 2014 el pago a acreedores ordinarios, trámite que se prolongará hasta 2016.