Los fiscales señalan el abandono de menores migrantes en comisarías y cuarteles

El fiscal delegado de Granada ha puesto de manifiesto –al igual que sus compañeros de Castellón y Orense– el abandono de menores migrantes a las puertas de comisarías, puestos de la Guardia Civil o centros de protección de menores manifestando encontrarse en situación de desamparo y con el objetivo de que “las instituciones españolas asuman su tutela, protección y desarrollo personal y educativo”, según recoge la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado, referida a la actividad de 2024 y publicada la pasada semana, en la que añade que esta situación “se está dando en distintas partes del territorio español”.

Pese a todo, la propia Fiscalía General admite que no se han apreciado incidencias que pongan de manifiesto que la Policía Nacional “no haya reseñado correctamente a los menores no acompañados desde su detección”.

Explica la Fiscalía en su Memoria que con la misión de proteger la integridad del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAs), los decretos remitidos por cada una de las fiscalías provinicales para determinar la edad de los migrantes que llegan a cada lugar se trasladan a la Policía Nacional, para que estos, a su vez, lo hagan llegar a la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) para que comprueben si están debidamente inscritos los menores a los que se refieren.

Por otro lado, puntualiza la Fiscalía en su Memoria que “hasta donde se tienen datos”, siempre que “un posible menor extranjero” es detectado, antes de pro0ceder a incoar el expediente de determinación de edad, por parte de la Policía Nacional se realiza la oportuna consulta al Registro de Menores Extranjeros No Acompañados para evitar pruebas y trámites reiterados e innecesarios.

Aunque no desgrana el dato por provincias, la estadística del Ministerio Público indica que 5.922 menores extranjeros no acompañados llegaron a España a lo largo de 2024, lo que marca una bajada respecto a los casi 4.900 de un año antes.

Pese a ello, la Fiscalía habla de una “sobresaturación del sistema de protección”, especialmente de la acogida inmediata en diversos territorios, entre ellos Garnada, pero también Ceuta, Melilla, Madrid o Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, la Fiscalía Superior también reserva un espacio en su Memoria para abordar el problema de la extranjería, resaltando, en el caso de los menores, la coordinación de la Sección de Extranjería con la de Menores –destacando que en Granada es la Sección de Menores la que se encarga de este asunto–, mientras que algunas fiscalías han establecido un Protocolo de Actuación para la determinación de la edad.

La alerta de los fiscales llega en medio de un debate, a nivel nacional, para el reparto de menores migrantes llegados a Canarias y Ceuta entre las distintas comunidade s autónomas y que cuenta con el rechazo de aquellos territorios gobernados por el Partido Popular, aunque también del socialista García Page, presidente de Castilla La Mancha .

La falta de documentación y la actitud de los migrantes dificulta la repatriación y dilata el proceso

La Fiscalía de Superior en su propia Memoria anual añade también un apartado sobre los problemas a la hora de la repatriación de las personas en situación irregular, no solo menores sino también mayores de edad. Reflejando las palabras de la Fiscalía provincial de Granada, resalta la dificultad para la expulsión de los ciudadanos africanos, ya que “si no cuentan con documentos que acrediten la procedencia de dichos países, estos se niegan a recibirlos”, una situación que dilata el tiempo que pasa entre que se acuerda la expulsión, se comprueba si puede llevarse a cabo y, tras obtenerse una respuesta negativa “se ordena en la ejecutoria el cumplimiento de la pena de prisión”.

Tras este internamiento –que está “contemplado por la normativa de extranjería como un instrumento que está encaminado a asegurar el buen fin de los procedimientos administrativos de repatriación” y que nunca podrá ser superior a los dos meses, puntualiza la Fiscalía– el Ministerio Público granadino pone de manifiesto las dificultades que encuentra la Brigada Provincial de Extranjería para “materializar expulsiones”, especialmente cuando estas se llevan a cabo en vuelos comerciales.

Argumenta la Fiscalía que esto se debe a la actitud de los extranjeros en el propio avión lo que determina que los comandantes de los vuelos, “ante la imposibilidad de poder garantizar la seguridad de los mismos”, acuerden que abandonen el avión frustrando así la expulsión.