El fraude del oro será juzgado el año que viene al no haber acuerdo

Finalmente no hubo acuerdo y el juicio del denominado fraude del oro, una presunta estafa piramidal ocurrida en 2006 en Granada y que afectó a más de 200 pequeños inversores de la provincia, tendrá que celebrarse. Será dentro de casi un año: en septiembre de 2015, aunque aún no se ha cerrado la fecha, según informó uno de los letrados de los afectados, Antonio José García Cabrera, de Lemat Abogados.

En declaraciones a este diario, el letrado explicó que ayer se dieron cita de nuevo todas las partes en la Audiencia Provincial de Granada, pero no fue posible acuerdo alguno "al no haber habido ninguna posibilidad de reparar el perjuicio causado". Se da la circunstancia de que la vista se había aplazado ya en junio ante la posibilidad de que hubiera conformidad.

El perjuicio causado en este caso fue cifrado por los peritos en 1,5 millones d e euros, la misma cantidad que reclaman los afectados, a quienes no se les ha devuelto aún nada. Entre ellos figuran los dos clientes de García Cabrera, una madre y un hijo que entregaron a los acusados 240.000 euros, "los ahorros de toda una vida".

Según el abogado, el importe real del dinero supuestamente estafado sería superior a la cantidad calculada en el informe pericial, pues dijo tener constancia de que habría más inversores "que por vergüenza no han denunciado".

En la causa hay cinco encausados, que se hallan todos en situación de libertad provisional. La Fiscalía de Granada considera que los principales acusados son César M.C. y Víctor F.P., ya que eran los representantes y administradores únicos de las empresas que prometieron a las víctimas cuantiosos beneficios si invertían en la compraventa de oro electrónico. Ambos se enfrenta a ocho años de prisión por dos delitos: uno de estafa continuada y otro de falsedad en documento oficial. Los tres acusados restantes son Eva M.M., Fátima G.P. y Hugo F.R., todos ellos empleados de las empresas Beaver Financial Corporation S.L. y Granadahouse Consulting S.L. y a quienes el Ministerio Público atribuye también un delito de estafa continuada, por el que solicita que sean condenados a 6 años de prisión.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, al que tuvo acceso en su día este diario. De acuerdo con el relato que realiza el Ministerio Público en su calificación, los acusados César M.C. y Víctor F.P., actuaron "dando apariencia de legalidad a sus operaciones mediante la inscripción de sus sociedades en el Registro Mercantil y la apertura de oficina y contratación de personal". Una vez creadas las empresas y "de común acuerdo con los empleados" de las mismas, captaron a clientes "con ánimo de obtener un ilícito beneficio patrimonial, y a sabiendas de que el capital invertido nunca iba a ser destinado al fin previsto".

La Fiscalía sostiene que los cinco implicados en el caso, "de manera reiterada en el tiempo desde enero de 2006 y hasta diciembre de 2007, suscribieron contratos privados de intermediación financiera en Granada cuyo objeto era la entrega por parte de los clientes de capital para la adquisición de oro y metales preciosos en el mercado de Londres, para su posterior alquiler o venta a entidades que necesitaran acreditar su solvencia o avalar operaciones".