El caso de Juan Manuel H., conocido como 'El Canuto', el padre de Marchal investigado por abusar supuestamente de tres de sus hijas, ha puesto de relieve uno de los deberes más sensibles de las administraciones: la asistencia a los menores en condiciones extremas de riesgo físico y psicológico. Sin apoyo familiar, sin sustento económico, con la autoestima destruida, las víctimas de estos delitos encuentran en los poderes públicos la última barrera que les separa del abandono más absoluto. Pero, ¿cómo se activan los mecanismos de la protección a la infancia? ¿Son suficientes?

Los delitos de abusos sexuales a menores llevan aparejadas penas que van de los 2 a los 15 años de prisión dependiendo de si ha habido o no violencia, de la edad de la víctima y de si ha existido penetración. El proceso comienza con la denuncia de los hechos por parte del propio niño o cualquier institución. Los hospitales, colegios y guarderías están sujetos a unos estrictos protocolos de actuación en caso de que sus profesionales detecten un cuadro de abuso infantil. Toda sospecha razonable debe ser trasladada a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia.

En hospitales, colegios y guarderías están sujetos a unos estrictos protocolos de actuación

También entran en escena automáticamente los servicios sociales. En cuanto se registra la denuncia, la Junta de Andalucía abre un expediente para determinar el futuro inmediato de la víctima. Un equipo psicosocial determina si el niño puede quedarse con algún familiar, va a una familia de acogida o ingresa directamente en un centro público. Montserrat Quesada, pedagoga del Centro de Acogida Inmediata (CAI) Bermúdez de Castro indica que el primer trabajo de los técnicos de estas instituciones consiste en tranquilizar al menor y en crear un primer vínculo a pesar de lo traumático de la situación.

En paralelo, el instructor acuerda en este momento la intervención de un equipo forense adscrito al juzgado. En su informe valoran la credibilidad del testimonio del niño y su estado psicológico. También se llama a declarar al investigado para que dé su versión de los hechos. El juez tiene que decidir, una vez escuchado a todos los implicados, si el imputado entra en prisión provisional. "La decisión dependerá de las circunstancias de cada caso" puntualiza Juan Pedro Oliver, presidente de Prodeni, una asociación especializada en la defensa de la infancia con sede en Granada.

Oliver ha llevado las riendas de la acusación popular en decenas de causas relacionadas con abusos sexuales infantiles. Su experiencia le lleva a asegurar que, al menos en el ámbito judicial, existen graves deficiencias. "Los procedimientos van demasiado lentos. Se tarda meses en valorar el estado de los niños y los juicios pueden celebrarse años después, con la incertidumbre que eso supone", afirma.

Al margen del tiempo, el abogado se queja de que las rutinas judiciales van en contra de los intereses de los pequeños. "Hay veces que son citados a declarar ante el juez hasta en 4 ocasiones para decir lo mismo. Llega un momento en el que se sienten como los verdaderos acusados".

Montserrat Quesada refuerza esta idea. Asegura que hay demasiados casos en los que se "revictimiza" al menor. En su caso, achaca el problema a la excesiva burocracia y a la falta de recursos. Señala que los centros están demasiado saturados y no disponen de personal suficiente para atender a cada niño de manera individualizada. Por otra parte, describe una gran descoordinación entre las distintas administraciones: "No existe una comunicación fluida. Nos encontramos con que los juzgados no tienen muchas veces en cuenta nuestras opiniones, a pesar de que somos los que los atendemos".

A pesar de todo, en opinión de Quesada, el sistema responde gracias al compromiso y la preparación de sus profesionales. Sólo es necesario, en su opinión, que los poderes públicos hagan un mayor esfuerzo. Precisamente, el pasado 20 de junio la Fiscalía y la Junta celebraron una jornada de trabajo para intercambiar ideas y unificar protocolos. En el encuentro, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, destacó la necesidad de "implicar a todas las administraciones y unir criterios de seguimiento e intervención" para dar respuesta a uno de los colectivos más vulnerables.