"El funcionariado de por vida crea problemas de gestión"

El círculo vital de Juan Ruiz Lucena -nacido en Olivares (1952), pedanía de Moclín- tiene como uno de sus referentes un colegio. En el Ave María cursó sus estudios de Bachillerato Elemental Superior y Magisterio. Allí regresó muchos años después, ya como inspector, y pudo satisfacer una curiosidad que le acompañaba desde niño. "Hablé con el director. Le pedí que entrásemos en la sala de profesores", un despacho al que iban y del que salían los maestros entre clase y clase y que le estuvo vedado en su etapa estudiantil. "De niño, me llamaba la atención". A lo largo de su carrera profesional ha pisado muchas salas de profesores. Ha sido maestro, profesor de instituto, director, jefe del Servicio de Coordinación de la Consejería de Educación, presidente del Consejo Escolar de Andalucía, presidente del Consorcio del Parque de las Ciencias, delegado provincial de Educación y del Gobierno de la Junta. Ahora su trabajo se centra en su labor de inspector -preside la Asociación Andaluza de Inspectores de Educación (Adide)- y es profesor asociado de la Universidad de Granada, en la Facultad de Ciencias de la Educación. "Nunca he tenido sólo un trabajo".

-¿De dónde viene la mala fama de la inspección educativa?

-La inspección no es un colectivo bien recibido. Quizá nos lo hemos ganado a pulso, porque hacemos esa tarea ingrata de control y supervisión. No lo sé. También puede depender de la persona... Es un trabajo que no trasciende demasiado...

-Pero eso es bueno...

-Sí. Sólo se nos menciona cuando hay un problema. Nuestro trabajo no debe ser estar en primera línea, sino en la retaguardia. O en cualquier caso para asesorar, para que no surjan conflictos.

-Ustedes son los encargados, entre otras cosas, de comprobar que se aplican las leyes educativas. En estos meses se habla de modificar la Lomce. Hay quien señala que si ninguna ley educativa es capaz de perdurar, es porque el problema no es la ley en sí...

-Las leyes orgánicas, como es este caso, son normas marco. Luego viene el desarrollo. Es verdad que se diferencian unas de otras, la Lomce es diferente a la LOE, y se diferencian más aún en el desarrollo...

-En Andalucía, por ejemplo, uno de los problemas que trae la Lomce es precisamente la falta de desarrollo...

-Es cierto que se está retrasando el desarrollo reglamentario, entiendo que es así por motivos políticos, la incertidumbre en la que nos encontramos, motivos ideológicos... José Antonio Marina dice que no hay que hacer una nueva ley, sino reformar la existente. Creo que ahí Marina es un tanto tibio. Creo que la ley debe ser modificada, no sé en qué tanto por ciento. Aun siendo un marco, hay algunas directrices que no son compatibles con lo que pensamos algunos en materia de Educación.

-Eso dependerá del próximo Gobierno, pero lo que sí es competencia de la Consejería es, por ejemplo, la falta de currículo de ESO y Bachillerato...

-Aquí se discrepa de algunas de las decisiones que impone la ley. Y sí notamos que se crean problemas en los centros. El curso pasado, la Consejería sacó tarde los decretos. Este año trabajamos con instrucciones en primero y tercero de ESO. No es normal y eso crea malestar...

-¿E indefensión entre el alumnado?

-No, no. Más que nada crea incertidumbre, las familias no saben a qué atenerse y eso crea malestar. Los centros, como están tan acostumbrados a tantos cambios, resuelven el problema como pueden. Pero está claro que hay que poner coto, o al final las instituciones van a funcionar por un lado y el Boletín por otro.

-Ya que hay que convivir con la Lomce al menos un curso más, podría decirme algo positivo de la ley....

-Uno de los mayores problemas que tiene nuestro sistema es el fracaso y el abandono escolar. Posiblemente con la Formación Profesional Básica y los PMAR [Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento ] se podría dar la oportunidad de titular a ese alumnado que no lo ha conseguido, eso es positivo. El tema de las reválidas no conduce a nada, y lo dice una persona que ha pasado por cuatro reválidas. Entonces sólo el 3% de la población entre 25 y 34 años tenía un título universitario. La solución pasa por atajar el fracaso. ¿Qué factores inciden? Son muchos, tipología del centro, familias, profesorado, selección del profesorado, formación del profesorado...

-Estamos a las puertas de la apertura de la fase de matrícula. En estas semanas se ha dado información del cierre de unidades, una medida que se aplica sobre todo en centros públicos, mientras que apenas se toca a los concertados...

-Ese debate ha existido siempre. Desde la ley Mollano, de 1857, ningún gobierno ha querido atajar este problema. Porque, intuyo, detrás hay unas familias que votan. ¿Por qué los padres piden concertados? En teoría no cuestan nada. Creo que influyen varias cuestiones. En Granada capital y algunos núcleos grandes hay una tradición de valorar la enseñanza concertada por encima de la pública. Y no porque los resultados sean mejores. Sí es cierto que el perfil del alumnado no es el mismo. Con el decreto en la mano no debe ser así. Pero siempre cabe la posibilidad de los ajustes... el alumnado no es tan heterogéneo, digamos, en los concertados como en los públicos. Ahí caben todos. Es más, cuando en un concertado un alumno tiene dificultades muy específicas, lo derivan a la pública. Pasa como en la Sanidad. En la pública se dispone de unos recursos y personal diferentes. Y el tratamiento también es diferente. Mis hijas siempre han estado en la pública, y mis nietos también. Valoro más la pública que la privada concertada.

-¿Es un problema de que no se vende bien?

-Es un problema de gestión. De venta, como usted dice, también. En la pública tienes funcionarios. En la privada, personal contratado que, pasado un tiempo, si no se ajusta a los objetivos marcados, al día siguiente no continúa. Eso en la pública no existe. Es verdad que cuesta mucho sacar la oposición, pero una vez que lo consigues... ufff, te relajas. El funcionariado se creó en el siglo XIX para dar estabilidad a los trabajadores de las empresas públicas. Entonces los funcionarios eran temporales, en función del partido que gobernara. En aquel entonces tenía sentido. Hoy día, esa garantía de estabilidad de por vida crea problemas en cuanto a la gestión. Tengo una anécdota. Fui director de un centro público. Cuando llegué aquello estaba manga por hombro y accedí con una serie de condiciones. Cuando venían de las editoriales a visitar el centro, los conserjes me decían "otro que ha preguntado si era un centro privado". Había silencio, cuando llegaba una visita se tomaba el DNI, se le ponía una tarjeta, se le acompañaba al despacho... La imagen es muy importante. Y en los privados se cuida. Y tuve mis problemas con el claustro. Cuando asignábamos los turnos de patio se les decía a los profesores que debían estar repartidos... pues hubo quien discrepó. ¿En el privado te cuestiona alguien? Nadie.

-¿Ha vuelto al CEIP Gallego Burín? Allí fue director...

-Sí, hace muchos años. Cuando estaba había 42 grupos. Ahora hay ocho o nueve. Tengo información pero hace quince años que no voy por allí. Me dicen que ha quedado reducido a un semigueto, que la gente del barrio se va a otros centros... Quizá en el centro no se hayan tomado las medidas oportunas para prestigiarlo...

-¿En el centro o en la Administración?

-Las dos cosas, pero no tengo información. Pero influye mucho el equipo. Si la Administración no te lo da, puedes exigírselo.

-La imagen que se tiene es que a determinados centros se les da más que a otros por afinidad...

-Ahí discrepo, desde el punto de vista de la inspección. Ahora bien, si el director es muy político, muy señalado, pues a lo mejor. Pero... lo que creo es que hay que ser muy insistente.