Una fundación de arquitectura critica que la reforma del Cubo para sede judicial no se haya encargado a su autor, Campo Baeza

Perplejidad, puesta en riesgo de los valores del edificio o eliminación del reconocimiento al autor. Estas son algunas palabras y frases extraídas del comunicado emitido por la Fundación Arquitectura y Sociedad sobre el procedimiento seguido para la adaptación del edificio del Cubo de Granada a sede judicial, así como al fallo del mismo, que terminó por dar el proyecto al estudio de arquitectura granadino de Fresneda & Zamora en lugar de al propio estudio del arquitecto autor del edificio, Alberto Campo Baeza, que también se presentaba a la reforma.

Esta Fundación, una entidad privada sin ánimo de lucro con sede en Pamplona que lleva 15 años difundiendo la arquitectua como herramienta de cambio social, ha mostrado su "perplejidad" por el procedimiento y fallo del concurso. Se ha destacado que la licitación haya estado realizada por una mesa de contratación interna sin participación de jurado y que a pesar de concurrir el propio autor del edificio, Campo Baeza, la mesa de contratación convocada por la Consejería de Justicia de la Junta haya "decidido elegir ganador el proyecto d eun estudio ajeno del todo a la obra original".

La Fundación Arquitectura y Sociedad considera que "decisiones administrativas de esta naturaleza contribuyen a eliminar el reconocimiento de autoría de la obra arquitectónica y ponen en riesgo los valores de una obra catalogada y reconocida internacionalmente con numerosos premios y distinciones" algo que, reconocen, es, "desgraciadamente, a una práctica habitual entre las administraciones públicas que no cesa de aumentar". "Con ella se niega o menosprecia la autoría de una obra de grandes valores culturales en cuyas posibles readaptaciones priman criterios que nada tienen que ver con sus cualidades arquitectónicas y espaciales, sino conceptos mercantilistas y otros intereses que dañan el sentido original de la construcción", indican en el comunicado desde esta fundación, cuyo equipo directivo, dirigido en la actualidad por la arquitecta Rosa María Castillo, está compuesto por profesionales del mundo de la gestión cultural e institucional.

Con esta denuncia, la Fundación Arquitectura y Sociedad demanda que "las instituciones públicas reconozcan la autoría de la obra arquitectónica, en este caso del edificio del arquitecto Alberto Campo Baeza —Medalla de Oro de la Arquitectura Española 2019 y Premio Nacional de Arquitectura 2020— y la importancia que supone para la vida del edificio que su autor, que está en activo profesionalmente y ha manifestado su interés por realizar esta reforma, acometiera este proyecto para mantener los valores e identidad de esta creación arquitectónica". Es un planteamiento, dicen, "lógico acorde a la importancia del edificio, más aún cuando la ley de contratos del sector público (artículo 168. a.2 LCSP) permite la adjudicación directa del proyecto a su autor mediante un procedimiento negociado sin publicidad con el objetivo de preservar los valores culturales, técnicos y artísticos de la obra original".

La UTE granadina Fresneda y Zamora arquitectura, Antonio Cayuelas Porras y AV13 Estudio de Arquitectura fue, según las actas de la mesa de contratación consultadas en su día por este periódico, la que presentó la mejor oferta al proceso de licitación, que incluía la realización del contrato de redacción de proyecto básico y de ejecución y dirección de obra. Curiosamente la oferta presentada por la UTE en la que figuraba el estudio del arquitecto Campo Baeza (con Tomás García Píriz, Úrculo Ingenieros Consultores y Olme2 i&i) fue la que menor puntuación obtuvo en el proceso.

Con esto, insisten en que el procedimiento elegido por la Junta se aparta de los principios de la Ley de la Calidad de la Arquitectura (Ley 9/2022) que tiene entre sus objetivos impulsar la protección del patrimonio arquitectónico contemporáneo, fomentar la conservación de los elementos y conjuntos arquitectónicos que por sus valores excepcionales hayan sido objeto de reconocimiento nacional o internacional, y el compromiso de las administraciones públicas de ejercer un papel ejemplarizante para otros sectores de la sociedad a través de las intervenciones sobre su patrimonio inmobiliario, promoviendo la calidad y excelencia de las obras en las que actúan como promotores.

Por último, la Fundación Arquitectura y Sociedad reclamar "el papel que deberían desempeñar los colegios de arquitectos y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España en estos procedimientos en defensa de la obra arquitectónica y su autor, al amparo de sus estatutos y reglamentos". Las asociaciones profesionales deben "velar también para que adjudicaciones de este tipo cuenten con procedimientos adecuados a la altura e importancia del edificio, conforme a la Ley de Calidad de la Arquitectura, reclamando concursos con intervención de jurados expertos y de calidad que garanticen la solvencia de la propuesta ganadora, así como el cuidado y el buen desarrollo de la profesión, la práctica ética de la misma y el reconocimiento de la obra y su autoría como condición inherente a la vida de los edificios y a la preservación de sus valores patrimoniales", recoge el comunicado.