El Gobierno defiende el contrato de pulseras antimaltrato, "el más avanzado", tras las deficiencias detectadas por la asociación granadina La Volaera

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este martes que el contrato del nuevo servicio de las pulseras antimaltrato sacado a licitación por el Ministerio de Igualdad es "el más avanzado" desde el punto de vista tecnológico. Una defensa que llega después de que la asociación La Volaera de Granada alertara este lunes de deficiencias técnicas en el pliego para licitar el nuevo servicio, asegurando incluso que hay "graves carencias".

A preguntas de los periodistas en Granada, Fernández ha considerado que el servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y de las penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género da un "salto muy importante para garantizar la seguridad de las mujeres", con incluso un "mejor" control del que se viene haciendo tras la mejora de todo aquello que era susceptible de ser mejorado.

Según ha enumerado el delegado, este nuevo contrato incluye una mejora técnica teniendo en cuenta los avances tecnológicos pertinentes, y aumenta el stock de pulseras para un "suministro inmediato". Además. Fernández ha resaltado el trabajo realizado por parte del Ministerio y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en esta materia para una "protección integral" de las víctimas.

El delegado también ha valorado en su intervención la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ha señalado están "absolutamente comprometidas" con las víctimas, con formación "específica" y unidades en Policía Nacional y Guardia Civil, en el marco también del programa Viogen.

"Deficiencias graves", según las víctimas

La Volaera señalaba este lunes las deficiencias que consideran "graves" de este nuevo contrato, después de realizar un "exhaustivo estudio" sobre la licitación pública para contratar el servicio. En un comunicado, la asociación calificaba de "preocupantes" los resultados de su análisis, detectando insuficiencias "que podrían afectar a la salud e integridad de sus usuarias". "Es intolerable e indignante la tortura institucional y la dejadez con que este Ministerio vuelve a tratar a las mujeres y sus criaturas cuando estas se encuentran en peligro por sus maltratadores", explicaba su presidenta, María Martín Romero.

Según la asociación, que ya formalizó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por los fallos en las pulseras de geolocalización para la protección de víctimas de violencia de género, el texto de la licitación deja desprotegidas a las usuarias en zonas rurales o de montaña porque no solicita dispositivos con cobertura satelital, y plantea una incongruencia normativa, con modelos antiguos.

La asociación ha interpretado también una negligencia grave en la planificación de la transición de sistemas, una contradicción en la gestión de potestades públicas y la vulneración de la igualdad de trato por falta de definición técnica de requisitos.

La Volaera ya presentó este pasado febrero una denuncia después de desarrollar un trabajo de campo en el que la asociación solicitó la colaboración de mujeres de todo el país afectadas por las deficiencias del sistema de geolocalización.