El Gobierno inicia "de urgencia" el proceso para elegir la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública a la que aspira Granada

El Consejo de Ministro ha iniciado el procedimiento para escoger la sede de la nueva Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), a la que aspira Granada. Se trata de un procedimiento que se realizará por la vía de urgencia, como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, consultado por este periódico, y que da inicio oficial a esta elección. El plazo para presentación de candidaturas, a través de la web del Ministerio de Política Territorial, será de un mes desde la publicación en el BOE, es decir hasta el próximo 17 de enero.

El BOE, de apenas tres páginas, recoge también los motivos en los que el Consejo de Ministros se fundamental para declarar la urgencia de este trámite, comenzando por la "prueba de estrés sin precedentes" que supuso el Covid-19, que evidenció las fortalezas y debilidades de los sistemas nacionales, resaltando "la necesidad de contar con instituciones reforzadas con financiación estable y suficiente", algo en lo que han incidido también organismos como la OMS o la Comisión Europea.

Otro de los motivos para esta urgencia responde a los compromisos asumidos por España en el ámbito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente el punto 18, referente a la ampliación y renovación del Sistema Nacional de Salud y que incluye la creación y puesta en funcionamiento de dicha Agencia, que deberá estar operativa a la mayor brevedad posible.

Por otra parte, el BOE recoge, citando el Real Decreto 209/2022, que la elección se realizará mediante la creación de una comisión consultiva que elegirá la ciudad que albergará el organismo mediante "un procedimiento transparente, abierto y competitivo", teniendo en cuenta elementos como la "vertebración territorial y adecuación al sector de actividad y a las características de la entidad".

Precisamente, el informe de dicha comisión, publicado también en el BOE de este miércoles, se incluyen los criterios que deberá tener la sede que albergue la Agencia, destacando como prioritaria la inclusión de un inmueble y equipamiento adecuado y que deberá tener un espacio de unos 4.000 metros cuadrados, con capacidad tanto para los trabajadores como la existencia de dependencias para archivo, salas de reuniones o incluso una sala de prensa.

Al mismo tiempo, se valorará positivamente que la localidad que albergue la futura sede tenga una red de accesos a medios de transporte público de cualquier tipo, destacando especialmente su cercanía "o posibilidades de conexión" con aeropuertos internacionales, citando a Estocolmo, Ginebra o Estambul, conexiones todas ellas que no existen actualmente desde el García Lorca.

La Agencia requerirá en su primer año de funcionamiento aproximadamente sesenta empleados públicos, entre funcionarios, laborales y puestos de alta dirección, aunque tiene previsto un horizonte de 300 empleados, cuya provisión será paulatina y dependiente de las disponibilidades presupuestarias y de la plantilla que se apruebe en su contrato plurianual de gestión. Al hilo, el informe destaca como puntos a tener en cuenta un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler para los empleados que se trasladen.

Aprobación en el Congreso

La publicación en el BOE supone un paso más en esta Agencia después de que el Congreso aprobase en julio de forma definitiva el proyecto de Ley para la creación de la AESAP, incluyendo las disposiciones referidas a la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, así como la que aludía a la Ley de Competencia Desleal, que el PP suprimió durante la tramitación en el Senado, haciendo valer su mayoría absoluta para incorporar seis enmiendas.

La Cámara Baja rechazó dichas modificaciones, eliminando con ello las propuestas para reforzar el papel de las comunidades autónomas en la Agencia e instar a la colaboración de las compañías farmacéuticas con las administraciones para la preparación ante emergencias sanitarias. De este modo, la Agencia finalizó su tramitación en un segundo intento, pues el pasado mes de marzo el proyecto decayó en la Cámara Baja con los votos en contra de PP, Vox y Junts.