Podemos Granada pide a la Junta revocar el permiso de la planta fotovoltaica de El Fargue

La formación política de Podemos en Granada ha pedido a la Junta de Andalucía denegar los permisos para la construcción de la gran planta fotovoltaica de El Fargue. Según han remitido en una nota de prensa, el portavoz de la formación morada, Salvador Soler, afirma que tal y como la Junta de Andalucía y los ayuntamientos “mayoritariamente en manos del PP” están autorizando, la implantación de la energía solar fotovoltaica “el territorio andaluz está sufriendo un cáncer con metástasis”.

Las alegaciones presentadas ante la Consejería de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía contra el proyecto Planta FV Soto Oscuro I-4,95 MW hablan de "múltiples deficiencias de legalidad" que “deben impedir su tramitación conforme a derecho”, ya que “comprometen gravemente el interés público, la seguridad, el medio ambiente y el bienestar de la población local.” Así mismo, según expone detalladamente Soler, la tramitación del procedimiento adolece de graves omisiones, “como la falta de información esencial durante el trámite de participación pública. El uso incorrecto del instrumento ambiental, y la omisión de un estudio técnico específico sobre los riesgos de incendio, incumpliendo la legislación estatal y autonómica en materia de medio ambiente y protección civil.

Para el portavoz morado, hay que sumar en contra del megaproyecto fotovoltaico la afectación directa y negativa sobre el entorno urbano y residencial de El Fargue, “incluyendo el perjuicio al paisaje, la calidad de vida y el valor de las viviendas colindantes”, sin que el proyecto haya previsto ninguna medida de compensación o evaluación socioeconómica. Además. la ubicación “vulnera los principios de precaución, proporcionalidad, legalidad y equidad, afectando derechos constitucionales como el derecho a una vivienda digna (art. 47 CE) y el derecho a participar en las decisiones que afectan al entorno y la salud pública.”

Con todo, las alegaciones insisten en que este modelo de implantación de energía solar fotovoltaica no justifica adecuadamente su “supuesto interés público”, ni queda acreditado “un beneficio real y directo” para la población afectada. La formación morada pide denegar la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública. Para Salvador Soler el desarrollo de la fotovoltaica en Andalucía debe pasar previamente por una adecuada planificación territorial, “sorprende que el propio proyecto se vanaglorie de implantarse en una explotación olivarera y forestal”. No es dañando “nuestro territorio, con las consecuencias para la salud humana y ambiental que tiene, como deben implantarse las renovables. La alternativa es la planificación y el autoconsumo”, afirma Soler.