Los granadinos detenidos por la red de tráfico de medicamentos comienzan a declarar en Teruel

Una decena de detenidos en Granada, Málaga y Almería y otros seis imputados declararon ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel por su relación con la operación Convector, la trama de las farmacias y la venta ilegal de medicamentos destapada en la provincia turolense, que llevó al desmantelamiento y cierre de tres establecimientos de la provincia.

Los detenidos llegaron en torno a las 09:00 horas en un furgón policial desde los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, donde permanecían desde su detención en estas provincias andaluzas a comienzos de esta semana. Los imputados, que acudieron por su propio pie, entraron en el juzgado sobre las 08:00 horas.

Según informaron ayer fuentes judiciales, se trata de administradores, directores de almacenes pantalla y propietarios de farmacias puente que servían para la venta irregular de medicamentos en el extranjero.

Estas declaraciones se suman a las prestadas esta semana por varios farmacéuticos de Navarra imputados por su relación con la trama, que se ha localizado en las comunidades de Aragón, Navarra, Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha.

Con los de hoy, el número de imputados en la trama supera ya el medio centenar entre boticarios y responsables de empresas de distribución.

A pesar de las ramificaciones de la trama de tráfico ilegal de medicamentos por toda España, el caso seguirá instruyéndose en Teruel después de que la Audiencia Provincial desestimara la solicitud de una de las partes para que se inhibiese en favor de la Audiencia Nacional.

La trama, según las investigaciones de la Guardia Civil, se basaría en la distribución inversa de medicamentos, adquiridos a precios bajos en España y vendidos después de manera irregular en el extranjero, lo que podría haber provocado problemas de desabastecimiento.

A los imputados en la trama se les acusa de delitos contra la salud pública (tráfico de medicamentos), falsedad documental, delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social y pertenencia a grupo criminal.

La operación se destapó en la localidad turolense de Palomar de Arroyos durante la primavera del pasado año.