Granada

Más de 350 granadinos se han visto afectados por el cierre de iDental

  • La oficina de Consumo ha recibido ya un total de 355 reclamaciones en la provincia

En Granada se presentaron 187 reclamaciones en 2017, y 147 más en lo que va de año.

En Granada se presentaron 187 reclamaciones en 2017, y 147 más en lo que va de año. / g. h.

"En relación al cierre de la Clínica iDental en la provincia de Granada, desde el Servicio Provincial de Consumo, integrado en la Delegación territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales se está analizando cada caso para ver cuáles son susceptibles de ser considerados un posible delito de estafa por parte de iDental y remitirlos a la Fiscalía para su valoración; tal y como dijo la consejera de Salud, Marina Álvarez, que se haría, en la última Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía". Así lo indicó ayer la Junta de Andalucía a través de un comunicado en el que informó que hasta el momento, la Dirección General de Consumo ha registrado 2.485 reclamaciones contra iDental.

De ellas, 985 se presentaron en 2017 y 1.500 en el presente año. Del total, pertenecen a la provincia de Granada 335: 187 que se presentaron en 2017 y 147 durante 2018.

La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través del Servicio Provincial de Consumo y la web de Consumo Responde, ofrece información en la que recoge los derechos de los afectados y se les informa sobre cómo reclamar o denunciar la situación que sufren tras el cierre de las clínicas iDental en Granada y conjunto de Andalucía. Además, las personas que se han visto afectadas tienen a su disposición el teléfono gratuito de Consumo Responde (900 21 50 80) y el correo electrónico: consumoresponde@juntadeandalucia.es.

Las personas damnificadas deben saber que tienen derecho a la devolución de las cantidades entregadas. Para ello, pueden reclamar directamente a la entidad financiera y se aconseja solicitar a la entidad la cancelación del crédito aportando copia de la reclamación presentada a la clínica y acreditación de que los servicios no se han realizado, para dejar sin efecto el contrato de financiación. Además, si los incluyesen en registros de morosos, pueden denunciarlo ante la Agencia Española de Protección de Datos.

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