Un grupo de "damnificados" por la Zona de Bajas Emisiones de Granada convoca una manifestación contra la medida

Un grupo de ciudadanos de Granada que se denomina como "damnificados por la Zona de Bajas Emisiones" (ZBE), que comenzó a sancionar el pasado 1 de octubre a los conductores de fuera de la capital que accedieran con vehículos altamente contaminantes al término municipal granadino, ha convocado para el próximo 23 de noviembre una manifestación por el Centro de la capital para pedir que la medida sea eliminada.

Esta agrupación, un grupo de ciudadanos "sin vinculación política con ningún partido", según se autodefine, y que asegura que se ha unido a través de las redes sociales "para luchar contra una injusticia que nos arruina la vida", ha llamado así a todo ciudadano que esté en contra de esta medida a movilizarse ese domingo, a partir de las 12:00 horas con salida desde los jardines del Triunfo, para denunciar su situación. "Somos personas libres de todo tipo de creencias y solo nos une el estar en contra de una injusticia", han asegurado a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación.

Según ha denunciado esta agrupación, saben que la medida de la ZBE es una imposición del Gobierno, pero que el diseño, la extensión y restricciones de la misma "es total y absolutamente responsabilidad del Ayuntamiento de Granada, por lo que exigen que para su implantación se siga el modelo de otras grandes capitales nacionales como Àvila, Vigo o Sevilla, "que solamente han hecho ZBE una pequeña área de la ciudad". Con eso, aseguran que "la ley queda cumplida, sin perjudicar a los habitantes y negocios de la ciudad y provincia".

Denuncian que la actual ZBE de Granada impide el derecho constitucional a la libre circulación. "Excluyendo a vehículos de ciudadanos por el simple criterio de fecha de fabricación, se discrimina a los ciudadanos en función de sus rentas, ya que no todo el mundo se puede comprar de pronto un coche con etiqueta ecológica. Nuestros vehículos sin etiqueta medioambiental no son contaminantes, emiten los gases que se exigían cuando se fabricaron. Pasan la ITV anualmente y por tanto, son totalmente legales y respetuosos con el medio ambiente", han considerado.

Por ello, denuncian que esta medida impide el acceso al trabajo, al cuidado de personas mayores, al cuidado de dependientes, a hospitales, a comercios de la ciudad y a cualquier servicio que solo se pueda recibir dentro en la capital. Algo que, según han alegado, es "a todas luces inconstitucional". Además, han recordado que Francia ha eliminado las ZBE "por ser discriminatorias".

"Los ciudadanos tenemos derecho a seguir ejerciendo nuestros derechos constitucionales sin tener que rellenar formularios y esperar autorizaciones. Se ha creado un intolerable infierno burocrático. Obligándonos a perder nuestro tiempo, nuestro dinero y sufrir quebraderos de cabeza por algo que ya hacíamos libremente y que ahora no podemos hacer por una ZBE claramente inconstitucional e injusta", han denunciado.

La agrupación también ha asegurado que los ciudadanos de las localidades vecinas con vehículos considerados contaminantes están domiciliándolos en la capital, "lo que hace que el pago del impuesto de circulación (ITVM) se pague al ayuntamiento de la capital, produciendo de facto un robo encubierto a los presupuestos de los pueblos de la provincia granadina". Además, denuncian que el Ayuntamiento de Granada ha presupuestado más de un millón de euros en multas por ZBE, "lo que deja claro cuál es la verdadera intención: recaudar dinero a toda costa". Por otro lado, aseguran que los clientes de las localidades limítrofes con la capital han dejado de comprar en los negocios de esta, "produciendo un grave perjuicio a la economía de la ciudad".

"Según la página de mediciones de calidad del aire del Ayuntamiento de Granada, tanto en la estación Norte como en la estación de Congresos, la calidad del aire en el 98% de los días es buena o muy buena, coincidiendo los días en que ha sido regular con la entrada de polvo en suspensión procedente del desierto del Sahara u otros factores no relacionados con los vehículos a motor. Esto es algo contrastable por cualquier persona entrando en la página web de medición de contaminantes", han considerado.

Por todo ello, la agrupación de damnificados ha pedido tanto la dimisión de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, como de la concejal de Movilidad, Ana Agudo, y también han solicitado a la Fiscalía que actúe de oficio contra ellas "por haber perjudicado arbitraria y gravemente a ciudadanos honrados que trabajan de verdad para sacar a sus familias adelante". También han exigido la eliminación total de la Zona de Bajas Emisiones "hasta que se ordene acorde a la Justicia y a la Constitución Española de 1978".