Las concesiones de las administraciones públicas con empresas privadas están abocando a situaciones límite a cientos de trabajadores en Granada. En muchas de ellas no se está llevando a cabo la pertinente subrogación de los contratos, lo que está provocando que numerosos empleados que tradicionalmente han prestado un servicio se queden, de repente, en la calle. Una situación crítica que ayer tocó de lleno a los trabajadores que ejecutan las sentencias del Juzgado de Menores, que no han sido readmitidos.

Se trata de los 17 profesionales, entre psicólogos, pedagogos y trabajadores sociales, que tradicionalmente han ejecutado las medidas judiciales impuestas por el Juzgado de Menores. Sin embargo, la Junta de Andalucía, una vez cumplió el contrato con la ONG para la que trabajan, abrió una nueva convocatoria con unos requisitos bastante más restrictivos que finalmente ganó la Fundación Adis Meridianos, debiendo comenzar el programa el 1 de enero de 2014. Y así fue.

De esta forma, los 17 trabajadores de la subcontrata anterior han tenido que estar trabajando todo este tiempo, incluso, rodeados de las personas que, ya preveían, les iban a sustituir.

Una situación de "angustia total" pues, según explica uno de los afectados, ni la Junta de Andalucía ni Meridianos les han dicho en ningún momento qué iba a pasar con sus contratos hasta el punto de que hasta ayer nadie les informó de su finalización formalmente. En este sentido, el portavoz de los afectados añade que dicha empresa está obligada a subrogar al personal que durante los últimos años está realizando el servicio. Sin embargo, Meridianos "se ha negado a ello", apuntan los afectados.

Ante esta situación de indefensión total, ayer los diecisiete trabajadores acudieron puntuales a su puesto de trabajo, ya que nadie les había dicho que estaban en la calle. Una vez allí, por fin y después de tantos rumores, fueron informados de ello, hecho que ha quedado registrado por un notario que los acompañó en todo momento.

Estos profesionales ahora exigen que se cumpla la ley, pues según el convenio que regula sus funciones, Meridianos está obligado a subrogar el personal y, por otro, adelantan que van a emprender acciones legales y de protesta ante esta situación. Por otra parte, este periódico intentó contactar ayer con la empresa Meridianos, aunque no fue posible.