El agua, o más bien su falta, será un tema capital en 2024. La posibilidad de que la falta de lluvias marque de nuevo el calendario está ahí. Ni llovió en 2023, ni en 2022, ni en 2021. Al menos no en la cantidad necesaria. Esta situación ha llevado por un lado a plantear la necesidad de más inversiones en infraestructuras hidráulicas. También a plantear la necesidad de establecer más controles en el consumo.

En Granada se trabaja desde hace años en reducir la cantidad de agua no registrada, la que sale desde los centros de tratamiento pero no computan en los contadores de los usuarios, la que se pierde por el camino. El pasado 2022 se recuperaron 10 hectómetros cúbicos, según el balance anual para la capital y parte de su Cinturón. A otro nivel, en el medio rural, también se intentan controlar los consumos y captaciones no autorizadas.

A punto de cerrar este seco y caluroso 2023, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir estima que ha realizado un total de 171 actuaciones de control en la provincia de Granada. Estas actuaciones han derivado en valoraciones de daños que, siempre según la CHG -organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico-, ascienden a los 600.000 euros sólo en Granada. el conjunto total de operaciones en Andalucía ha dado lugar en lo que llevamos de año a 1.500 informes de valoración de daños al dominio público hidráulico por un importe de 4 millones de euros.

La declaración de la situación excepcional por sequía el 2 de noviembre de 2021 previó la intensificación de los controles. Se pretendía poner coto a las captaciones irregulares, a los pozos ilegales. Además de las actuaciones del Servicio de Control de Vigilancia y Control del Dominio Público Hidráulico se han puesto en marcha planes de inspección en "zonas problemáticas", especifica la CHG en su balance. Se ha determinado la necesidad de vigilar estrechamente estas zonas por la "incidencia en las masas de agua" de las captaciones y por la situación de sequía.

¿Cuáles son esos puntos? Según la información de la Confederación, que gestiona buena parte de la provincia de Granada a excepción de la franja litoral -competencia de la Junta- se han realizado tareas específicas de "inspección" en la comarca de Baza y en la Sierra de Arana.

En el primer enclave, en la comarca de Baza, los planes específicos "persiguen" la proliferación de "cultivos de regadío de almendro y pistacho". Desde 2022 se realiza esta campaña, que sigue en ejecución. 

Dicho plan abarca 3.264 hectáreas. Se han contabilizado 51 inspecciones que han permitido detectar unas 1.088 hectáreas de arboleda "en riego de forma irregular". Además, el balance de 2023 señala que se han detectado 15 pozos y 20 balsas ilegales. Se han abierto 32 expedientes sancionadores y precintado tomas de agua para evitar que se continuara con su uso.

En cuanto a la Sierra de Arana, el plan de control obedece a un informe previo del Instituto Geológico Minero de España (IGME) que advierte de la "posible repercusión" que las captaciones de agua pueden tener en las masas de agua subterránea de la Sierra de Arana.

En este punto de la provincia se han desarrollado doce inspecciones que han cubierto una superficie de 1.249 hectáreas. "El plan permitió localizar 223 hectáreas de superficie regada sin derechos y nueve pozos y cinco balsas irregulares", especifica el balance de la CHG. Como consecuencia se abrieron otros doce expedientes sancionadores.

En total, de las 4.513 hectáreas inspeccionadas gracias a estos planes específicos se ha determinado que 1.311 hectáreas eran regadas sin derechos, lo que supone prácticamente una tercera parte del terreno analizado.

La comarca de Baza y Sierra Arana no son los únicos puntos sensibles. En mayo se creó la Mesa del Río Dílar para hacer un seguimiento de los turnos de riego en la zona y cumplir con el mínimo de caudal ecológico.

Además de estas inspecciones, la Confederación realiza medidas cautelares de precintado de tomas de agua en determinados casos, como los señalados como "de especial relevancia". En lo que va de campaña se han propuesto medidas cautelares en seis expedientes, con seis captaciones precintadas y dos más pendientes de ejecución. En el resto de casos, apunta la CHG, los precintos están pendientes de ejecución o han decaído al haberse resuelto el correspondiente procedimiento sancionador.