Un hombre y una mujer, ambos pareja sentimental, se enfrentan a penas de dos y cuatro años de prisión respectivamente por los presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Presuntamente habrían obtenido información de forma fraudulenta, ya que ella era funcionaria de la Junta de Andalucía, y datos privados de la hija de él, la víctima del caso, y por revelarlos para intentar dar de baja la prestación que el acusado le pasaba tras una sentencia de divorcio. Los hechos serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada el próximo 21 de enero.
Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico, el acusado quería extinguir el pago de la pensión alimenticia a la víctima. La acusada, trabajadora del servicio de gestión de pensiones de la Seguridad Social de la Junta de Andalucía, aprovechó su posición, accedió a información como la vida laboral de la víctima o trató de averiguar si percibía alguna renta de inserción. Todo ello para poder solicitar dejar de pagar la mencionada pensión.
Los hechos ocurrieron en febrero de 2021, cuando la mujer acusada pidió a una compañera funcionaria que buscara si la víctima disfrutaba de alguna renta mínima de inserción, pero esta no pudo obtener la información por un problema informático. "Para legitimar la búsqueda, la acusada le dijo a dicha funcionaria que tenía el permiso de la víctima e incluso le facilitó su DNI, a sabiendas de su falsedad", destaca la Fiscalía en el informe.
Al no conseguir su objetivo debido al error en el sistema, la acusada le pidio posteriormente a otra compañera funcionaria que consultara la vida laboral de la víctima y se la enviara por Whatsapp. Esta, al parecer, lo hizo "enviando los resultados mediante capturas de pantalla al móvil de la acusada sin asegurarse de la legitimidad de la búsqueda".
"La acusada, una vez tuvo esos datos reservados y sensibles, los divulgó al acusado, y este, con la seguridad que ello le proporcionaba, solicitó la extinción de la pensión alimentaria ante el juzgado de Primera Instancia número 10 de Granada", relata en el informe el Ministerio Fiscal.
La víctima, hija del acusado de otro matrimonio, se enteró de que su padre se jactaba en público en su lugar de trabajo de que había tenido acceso a los datos a través de su pareja sentimental. Por ello, hizo una reclamación ante la Tesorería General de la Seguridad Social, y presentó denuncia.
Las compañeras de la funcionaria acusada acudieron a declarar durante el transcurso de la investigación. Según el escrito de la Fiscalía, la acusada reconoció haberles pedido la información a las trabajadoras públicas, y ambas reconocieron haber realizado las búsquedas solicitadas. Por ello, se les incoó a las tres un expediente disciplinario por falta muy grave del artículo 44.13 del convenio colectivo de personal laboral de la Junta de Andalucía, por "incumplimiento de los deberes de sigilo". Dicho expediente se encuentra suspendido por prejudicialidad penal.
Según la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, en el caso de la mujer con el agravante de ser funcionaria pública. Por ello, solicita para la acusada una pena de cuatro años de prisión y a una multa de 5.700 euros, a razón de 10 euros diarios durante 19 meses. Para el acusado pide dos años y dos meses de prisión así como el pago de una multa de 5.400 euros a razón de 10 euros diarios durante 18 meses.
