El juez imputa a Antonio Ayllón por sugerir la compra de votos en Armilla

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha citado a declarar, en calidad de imputado, al senador del PP y ex alcalde de Armilla, Antonio Ayllón, por la querella interpuesta por el que fuera vicepresidente de la Diputación y teniente de alcalde de Armilla, Gabriel Cañavate, que lo acusó de un delito de calumnias.

El juzgado, tras subsanarse un primer defecto de forma apreciado en la querella, la ha admitido a trámite y en un auto dictado el 15 de marzo, al que ha tenido acceso este periódico, se ordena "oír en declaración al querellado, en calidad de imputado", es decir, a Ayllón, que tendrá que comparecer el día 3 de abril a las 09:00 horas en el juzgado.

La querella por un presunto delito de calumnias se basa en las declaraciones efectuadas por Ayllón ante los medios de comunicación contra Cañavate, a quien habría acusado de sobornar al concejal del grupo IDEA, José Luis Castillo, para que secundara la moción de censura contra Ayllón como alcalde de Armilla y que terminó con la salida del Partido Popular del Ayuntamiento.

En las declaraciones motivo de la querella, que se realizaron en rueda de prensa, Ayllón dijo: "Hay 300.000 razones para que el señor Cañavate hable con el señor Castillo e intente romper la honradez de este gobierno que intenta aportar transparencia". A preguntas de los periodistas en aquella comparecencia sobre si esas 300.000 razones eran económicas, Ayllón ya diluyó su respuesta. "Lamento profundamente que los condenados a cárcel quieran llevar el timón de la ciudad de Armilla en colaboración con el señor Castillo, el señor Sánchez y la dirección de los socialistas", dijo también.

Por estas declaraciones, que dejan en el aire una compra de votos, Gabriel Cañavate presentó la querella contra Ayllón, que ahora tendrá que manifestar ante el juez Fernando Víctor Ramos si "reconoce ser el autor de tales manifestaciones y dejar constancia en las actuaciones de si ha existido o no publicidad".

Según informó Radio Granada, dada la condición de aforado de Antonio Ayllón, podría acogerse a las prerrogativas que le otorga dicho aforamiento en cuyo caso las actuaciones judiciales se trasladarían al Tribunal Supremo.