Trabajadores de las empresas que prestan servicios de mantenimiento de jardines en la ciudad se acercaron ayer hasta el Ayuntamiento para protestar por su precaria situación. Según explicó ayer el representante de CCOO de Sorigué (antigua Ambitec), Pedro Quesada, las empresas acumulan un sinfín de incumplimientos recogidos en el pliego de condiciones por las que ganaron los respectivos concursos públicos sin que el Ayuntamiento brinde ninguna solución. Según detalló Quesada, entre otros asuntos, las empresas no están formando a los trabajadores. Tampoco han cumplido con la mejora de los vehículos o la renovación de las herramientas hasta el punto de que, algunos operarios, optan por comprarlas de su propio bolsillo. "La empresa se comprometió a formar a los trabajadores sin embargo solo hemos recibido en torno a 3.000 horas de formación en seis años", explicó Quesada, quien también criticó con dureza el estado de los vehículos y de las herramientas. "En el pliego pone que los vehículos no podrán tener más de cinco años y tenemos camiones con matrícula de Barcelona...", añadió Quesada que, incluso, detalló como hay compañeros que piden que se les baje de categoría "porque están quemados y les exigen unos compromisos que no están entre sus funciones". Los operarios ya pusieron una reclamación en el Ayuntamiento en 2015 cuando todavía gobernaba el PP. Esto motivó que la capital impusiera una reclamación patrimonial a cada empresa. Sin embargo, tal y como denunció Quesada, con el cambio de gobierno la situación no ha mejorado. "Las empresas siguen cometiendo irregularidades dentro del pliego de condiciones técnicas que serían motivo de rescisión del contrato".

Ante esta situación, Izquierda Unida se plantea incluso acudir a los tribunales. Según explicó ayer el portavoz de la agrupación de izquierdas, Francisco Puentedura, los comités de empresa están denunciando desde hace más de un año incumplimientos del contrato por el que el Ayuntamiento paga con dinero público. Con el cambio de gobierno, según Puentedura, llueve sobre mojado: "El contrato a estas dos empresas se adjudicó en 2011.

Para IU tan importante es que las empresas cumplan como que el Ayuntamiento lo vigile

Una de las mejoras que incluía era que cada vez que un operario se diese de baja o tuviese vacaciones se repusiera. La empresa se comprometió a cubrir el 100% de la plantilla y sin embargo, hay un menoscabo en mantenimiento de 21 operarios, y se deben 30.000 horas de formación", denunció Puentedura. Por eso el Ayuntamiento planteó una reclamación patrimonial por alrededor de 3 millones (casi dos a Raga y 1 a Sorigué) que tendrían que devolver al Ayuntamiento "por servicios no prestados". Sin embargo, según denuncia Puentedura, de 2015 a 2017 siguen sin cubrirse las jornadas sin darse la formación y el Ayuntamiento no reclama patrimonialmente. "No entendemos por qué el equipo de gobierno mira para otro lado. ¿Qué ocurre con los responsables que tienen que hacer este control del servicio", añadió el edil.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid se comprometió ayer a reunirse con los comités de empresa junto con los grupos de la oposición y el equipo de gobierno para aclarar la situación. "Resulta imprescindible obligar a las empresas a que cumplan. No es solo responsable el que no cumple sino quien conociendo posibles irregularidades no las está informando y aclarando", dijo en este sentido Puentedura que denunció cómo el equipo de gobierno se está convirtiendo en corresponsable de un fraude a la ciudad.